San Juan del Losada es un corregimiento ubicado a 60 kilómetros del casco urbano de San Vicente del Caguán, Caquetá, y a 112 kilómetros de la cabecera municipal de la Macarena, Meta. Por más de 40 años se ha debatido su pertenencia entre esos dos departamentos. Y aunque en el mapa del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) y en las leyes de ordenamiento territorial se señala que pertenece al Meta, en las dinámicas sociales estas normas se quedan cortas.
La discusión ha trascendido a tal punto que en las últimas elecciones a Gobernación y Alcaldía, la Registraduría Nacional instaló ocho mesas de votación para que fuera la gente quien decidiera si quería votar por los candidatos del Meta o del Caquetá. En ese mismo corregimiento hay dos colegios con inversión, a medias, de los dos departamentos y dos juntas de acción comunal. Y depende de servicios públicos y administrativos proporcionados por ambos departamentos, lo que complica la prestación eficiente de los mismos, así como la inversión y el desarrollo.
La división interfiere, además, en la atención médica. Sus 3.000 habitantes cuentan solo con dos puestos de salud, pero no hay un hospital. Ante una urgencia médica queda más fácil llegar a Caquetá, a dos horas por carretera; que a la Macarena, que tomaría casi 8 horas por una vía que algunos refieren como “un paseo de la muerte”.
La zona compartida, de litigio o sin limitación, como muchos la denominan, es de unos 3.630 kilómetros cuadrados en los que además de San Juan de Losada hay unas 120 veredas con situaciones similares que reúnen unas 9.000 personas.
Actualmente rige el límite provisional entregado en 2019, por el Instituto Geográfico Agustin Codazzi (Igac), mientras que la Comisión de Ordenamiento Territorial y la plenaria del Congreso reanuda el debate y resuelve el diferendo limítrofe. En el mapa se deja claro hasta donde hay injerencia de los dos departamentos, ubicados entre los municipios de La Macarena (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá).
Junto al mapa del Igac se encuentran las leyes 78 de 1981 y 118 de 1959 que definen la división de los departamentos especialmente en áreas cercanas al nacimiento del río Ajajú, los ríos Caquetá y Guayabero. En esta defensa por el territorio se mueven intereses económicos como el petróleo y la ganadería. La compañía petrolera Emerald Energy tiene un punto de explotación petrolero en la inspección de Los Pozos y los giros de regalías (estimados en 5 mil millones de pesos por la Gobernación de Caquetá) están congelados hasta que defina la pelea limítrofe.
Origen del conflicto
Las leyes 78 de 1981 y 118 de 1959 definieron el límite entre Caquetá y Meta en puntos geográficos específicos, como el nacimiento del río Ajajú y la divisoria de aguas entre los ríos Caquetá y Guayabero. Sin embargo, al confrontar estas descripciones legales con la cartografía oficial, surgieron desacuerdos entre la comunidad, que alega una mala interpretación de afluentes secundarios.
En septiembre del 2019, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) presentó un informe técnico con una nueva propuesta de trazado limítrofe a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado. Para esto se tuvo en cuenta herramientas de medición satelital y se agregaron 2.400 kilómetros cuadrados para Caquetá.
Como pasó un año sin que el Congreso definiera la pelea departamental, quedó vigente el límite provisional que fijó el Igac. Sin embargo, las comunidades y autoridades locales solicitan al Congreso que se reanude el debate y se dicte una solución que refleje adecuadamente las realidades geográficas y sociales de la región.
Guillermo Peña Serrano, presidente fundador de la Asociación Pro Defensa del Territorio y del Medio Ambiente (Asoproeca) y líder comunitario por más de 34 años en la región, menciona que la problemática radica en el nombramiento de ríos y divisiones de aguas como coordenadas en el año 1954 y que se interpretaron de manera distinta para los departamentos.
Lo que defienden los habitantes es que la divisoria del agua que separa los dos departamentos no viene del nacimiento del río Ajajú, como lo menciona la ley 78 de 1981. “El río divisorio es el Guayabero y el Apaporis, que desemboca en el río Caquetá, incluso más adelante se abre un brazo del río que se llama el León ese es el límite con el Guaviare. El río Guayabero es el que define los límites entre Meta y Caquetá, cuando se realizó la ley 78 de 1981 se delimitó con nombres incorrectos”, puntualiza.
La comunidad defiende que prime el límite tradicional, definido en la ley 1447 del 2011 como aquel que es “reconocido por la comunidad y las autoridades de los entes territoriales colindantes, aunque no exista una norma legal o un acto administrativo que lo establezca formalmente”.
Peña además recalca que se siente más caqueteño que metense: “Los primeros maestros rurales que llegaron a enseñar a las veredas eran de San Vicente. Las primeras enfermeras, sacerdotes y misioneros también. Tenemos la cultura caqueteña, no metense, todo eso nos identifica a nosotros como amazónicos y no como llaneros”, afirma.
"Los primeros maestros rurales que llegaron a enseñar a las veredas eran de San Vicente. Las primeras enfermeras, sacerdotes y misioneros también. Tenemos la cultura caqueteña, no metense"
Guillermo Peña Serrano, presidente fundador de la Asociación Pro Defensa del Territorio y del Medio Ambiente (Asoproeca)
Otra problemática, según advierte Peña, es la inversión e ingresos por el sistema de regalías que genera la extracción del crudo en el bloque petrolero de la vereda Los Pozos durante 15 años. “Como estamos en límites dudosos esos recursos se congelan. Eso es triste y lamentable porque de 52 mil millones de pesos ahora están dando razón de 9.300 millones. Es posible que debido a disputas legales, ambientales o administrativas, se suspendan temporalmente las regalías asociadas a ciertos proyectos de extracción”, menciona.
Para un habitante de la zona de litigio y asesor de derechos humanos, quien pidió no citar su nombre, la pelea responde a intereses económicos: “Esta disputa territorial genera un escenario de terror por los intereses en cuanto al poderío económico, estrategias como nombrar los Pozos como del Meta lo demuestra (...) Se ha notado un favoritismo hacia el departamento del Meta, reconociendo que ellos son fuertes políticamente”.
"Esta disputa territorial genera un escenario de terror por los intereses en cuanto al poderío económico, estrategias como nombrar los Pozos como del Meta lo demuestra"
Habitante que pide no citar su nombre
Falta de titulación de tierras
En San Juan de Losada hay dos colegios a tan solo tres cuadras de distancia, uno inscrito al departamento del Meta y uno al Caquetá, este último fue construido por iniciativa de la comunidad. “Al principio se compartía la infraestructura para los dos departamentos generando problemas en cuanto a la falta de maestros de un lado y de otro, siendo más eficiente la respuesta del Meta, lo que generó que las familias quisieran retirar los maestros del Caquetá de esta infraestructura (...) Cuando se aperturó la petrolera, ambos departamentos se interesaron por afianzar la relación con la población y se construyó una pequeña sede educativa para el Caquetá", puntualiza Dario Murcía, rector del colegio San Juan del Losada del Caquetá.
Murcía cuenta que en las clases de ciencias sociales se ha recalcado la problemática entre los departamentos. “Cuando dibujaba en clases el mapa del Caquetá había que resaltar o sombrear esa parte entre Meta y Guaviare, nos explicaban vagamente la no definición del territorio y que no se sabía si era Caquetá o Meta, pero que ahí estaba en litigio”, puntualizó.
"Cuando dibujaba en clases el mapa del Caquetá había que resaltar o sombrear esa parte entre Meta y Guaviare, nos explicaban vagamente la no definición del territorio y que no se sabía si era Caquetá o Meta, pero que ahí estaba en litigio"
Dario Murcía, rector del colegio San Juan del Losada del Caquetá
La situación en otras veredas es similar. En la Cristalina del Lozada, ubicada a orillas del río Lozada y a 42 km de San Vicente del Caguán, existe una infraestructura donde funcionan dos colegios y hasta cantan los himnos de los dos departamentos. La rectora Diana Carolina Peña cuenta que han hecho un esfuerzo para mantener una relación amigable: “Es una situación atípica en la cual después de un fuerte ejercicio para mejorar la convivencia hemos podido mantener armonía, pero en un mismo espacio no deberían existir dos instituciones. No hay documentación de las sedes, escrituras, ni siquiera documentos de sana posesión”, afirma.
No es solo la falta de escrituración en estos colegios. También falta documentación de algunas viviendas y casetas comunales. Algunos propietarios tienen solo “cartas colono”, un documento entregado por las juntas de acción comunal; o “compraventas”, que no son válidos para trámites con entidades bancarias.
Jhan Keiner Poveda, directivo de la organización Jóvenes de Gobernanza Rural (JOGUAR) y habitante de la vereda Serranía de la Macarena, indica que su predio está titulado en Meta, pero él preferiría hacer parte del Caquetá. Vive a 50 km, a 2 horas y media de San Vicente del Caguán y para llegar al municipio de la Macarena el trayecto es de hasta 6 horas. “Como productores nos queda más fácil llegar a San Vicente, allá nos movilizamos para hacer los trámites. Bajar hasta San Vicente a tomar carro para la Macarena vendría costando entre 100.000 y 150.000 por trayecto (...) La mayoría tenemos Eps de San Vicente y los productos que sacamos salen hacia allá mismo”, menciona.
Según cuenta, los títulos de esta vereda se hicieron sin costo y por eso muchos accedieron. “Si usted habla con los vecinos, ellos se quejan porque desconocían que cualquier tipo de trámite ahora solo se puede hacer en la Macarena, pero aun así la salud no la vamos a cambiar. Además, el conflicto armado no permite que tengamos libre movilidad por eso debemos andar solo por las carreteras señaladas”, puntualiza.
Un campesinado fuerte que resiste
En la zona hay presencia de grupos armados al margen de la ley como el bloque Jorge Briceño (Emc), estructura dirigida por Iván Mordisco; y las disidencias de la Segunda Marquetalia. Un habitante de la vereda La Unión, ubicada a tres horas aproximadamente de San Vicente del Caguán, cuenta que llevan muchos años en medio de la guerra. “La preocupación es latente todo el tiempo debido a las confrontaciones que hemos tenido que soportar por operativos militares, una situación inacabada por la problemática de tierra, la presión ambiental y el actor armado dividido que se rearma”, afirma.
Pese a todo esto, han ganado fuerza asociaciones de campesinos y junta de acción comunal que han propuesto zonas de reserva campesina y la zonificación ambiental participativa, con el fin de llegar a acuerdos ambientales de conservación y eliminar los conflictos por la tierra.
En marzo de 2023, el Igac realizó visitas en San Vicente del Caguán para dialogar con las comunidades locales, aclarar dudas y atender inquietudes relacionadas con el límite provisional entre Caquetá y Meta, enfatizado que su función es técnica y que no tiene la autoridad para definir límites territoriales de manera definitiva. La entidad explicó que se centra en proporcionar información y análisis técnicos que sirvan de base para las decisiones que corresponden al Congreso.
Y en diciembre, durante el sexto ciclo de diálogos de paz entre el Gobierno y el Emc, el representante del Instituto Geográfico Agustin Codazzi (Igac) anunció la entrega del colegio Sabanas de Yari ubicado en la vereda el Triunfo (que se encuentra en zona de litigio) para el departamento del Caquetá.
Por su parte, desde la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso informan que no hay fechas de citación de ponentes sobre este litigio y que se está esperando un concepto del Consejo de Estado sobre el trámite de este diferendo. Mientras tanto, las comunidades de San Vicente del Caguán reanudarán este año las mesas de diálogo para definir un plan de trabajo sobre el límite tradicional y que está pelea no siga sumando más décadas sin resolverse.
