La Universidad Tecnológica del Chocó–Diego Luis Córdoba hoy adeuda a la mayor parte de los profesores y administrativos el salario de los meses de octubre, noviembre, diciembre, el 25 por ciento de la prima de Navidad, la totalidad de la prima de vacaciones y los compromisos sindicales. La deuda, para casos como el de Leovigildo García Mosquera, llega a los 40 millones de pesos.
Leovigildo es profesor de planta adscrito a la Licenciatura en Ciencias Sociales. Está en la institución desde 2004 y ha dictado materias como Filosofía Política, Teoría del Estado y Competencias Ciudadanas. Hoy las llamadas de los bancos no paran y asegura que en los 21 años que lleva en la institución la situación nunca había sido tan grave.
“Uno tiene que sostener una familia, yo tengo dos hijas que viven en Cali y me toca colaborarles. Estoy estudiando en Bogotá y me ha tocado gestionar recursos para pagar una matrícula de casi 11 millones de pesos. Nos toca hacer gestiones para tratar de solventar esas vicisitudes y lo más complejo es que los bancos nos están llamando para decirnos que tenemos que pagar mora y a pesar de que los créditos son de libranza, la Universidad no responde por ello”, comenta.
El incumplimiento en los pagos ha sido uno de los obstáculos más grandes para el desarrollo de las negociaciones en la asamblea. Docentes y administrativos aseguran que en diciembre de 2024, después de cinco meses de asamblea permanente, la administración de la Universidad se había comprometido a pagar por lo menos el mes de octubre y la totalidad de la prima de Navidad, pero esto no pasó. Desde ese momento las negociaciones del pliego de peticiones quedaron suspendidas.
“Dijeron que a los que estamos en la asamblea no se les podía pagar porque la ley establece que en condiciones normales al que no trabaja no se le paga, y con ese argumento supuestamente no le iban a pagar a algunos. Pero a los que efectivamente sí trabajaron tampoco se les ha pagado. Tengo compañeros celadores que estaban en asamblea pero prestaban sus turnos normales, y tampoco les han pagado”, dice Jose Eduar Espinoza Cuesta, quien se desempeña como técnico administrativo desde hace ocho años.
A Eduar le deben noviembre, diciembre y el 25 por ciento de la prima de Navidad. “Yo tengo cuatro hijos, tengo a mi señora, tengo a mi mamá, tengo personas bajo mi cargo y dependo del salario que devengo en la Universidad. Me toca acudir a familiares o a personas naturales que me prestan dinero. Ahora mismo estoy endeudado porque me ha tocado hacer de todo para sostener por lo menos lo principal, que es la alimentación. Son cosas que uno no sabe ni explicar, pero que son bastante complicadas”, agrega.
El Ministerio de Educación dió la orden a la Universidad para que realizaran el pago de los salarios efectivamente devengados desde el 20 de diciembre de 2024, y el 10 de enero envió un oficio pidiendo que en máximo cinco días enviara el registro de todo lo que había hecho para cumplir con la solicitud. Pero no ha cambiado nada. Incluso Leovigildo y otros funcionarios aseguran que hay corrupción en los pagos: “Solo aquellos que son amigos de la administración le pagaron la prima completa y el mes de octubre”.
En contraste, el rector encargado Fabio Asprilla asegura que el retraso ha sido por tema de trámites. “Tuvimos una situación muy compleja a fin de año y es que el tiempo no nos dio, porque todo se empezó a analizar a partir del entre el 20-22 (de diciembre). La fiducia nos permitía radicar el tema de los pagos hasta el 24 de diciembre y algunos archivos relacionados con el proceso de pago no se cargaron. Pero el pago de los docentes que en su momento fueron certificados con base en la medida y en la comunicación que nos hizo el Ministerio está autorizado pero dado que tuvimos plazo hasta el 24 de diciembre para enviar la información a la fiducia, eso no se no se materializó”.
¿Hay dinero para pagar?
Hoy nadie conoce a ciencia cierta la información financiera de la Utch. Ni siquiera la administración de la Universidad tiene claro cuánto suman sus deudas. La información se sabrá, según Asprilla, en tres meses:
“Ya se conformó una comisión de la misma institución para poder determinar a cuánto asciende la deuda, no solamente con nuestros funcionarios, sino también a terceros. Creeríamos que en unos tres meses la comisión podría entregarnos ese estudio al 100 por ciento”.
Por otra parte, la institución se enfrenta a un presunto desfalco de cerca de 38.000 millones derivados del Proyecto de Aplicación de la Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria para el mejoramiento del Sector Maderero en el Departamento del Chocó “Proyecto Madera Chocó”. Las presuntas irregularidades en el proyecto son las que llevaron a la captura del ex rector David Emilio Mosquera el pasado 18 de noviembre.
Tampoco concuerdan las cifras financieras en los informes que se le entregó al Ministerio de Educación durante la visita de seguimiento preventivo realizada del 22 al 24 de abril de 2024. En los pasillos se habla de una crisis financiera que excede las capacidades de la institución.
“Hasta mediados del año pasado no se conocía que la Universidad estaba en una situación de déficit bastante alto, hasta que llegó una nueva rectora que intentó tomarla. Ahí nos dimos cuenta que la institución no estaba bien. Incluso a finales de 2023 estaba sobreviviendo con unos empréstitos bancarios para cubrir algunas obligaciones como la nómina, la prima”, puntualiza Eduar Espinoza.
Sin embargo, por ahora, la promesa es pagar los salarios y bonos de los funcionarios en un plazo de tres meses: “La propuesta de cronograma de pagos es para avanzar con lo que tiene que ver con octubre y noviembre en febrero. El pago del mes de diciembre está programado para marzo, al igual que las bonificaciones sindicales tanto de administrativos como de docentes. Y para el mes de abril están programados excedente de prima, prima de vacaciones de docentes y coordinaciones de docentes”, explica el rector.
Aunque este es el momento más crítico con el tema de los pagos, los retrasos no son nuevos. Desde hace varios años los funcionarios recibían su salario con 15 días de retraso. “Desde que David Mosquera llegó a la administración empezaron a pagarnos 15 días después de terminado el mes. Eso no se había vivido en la Universidad antes. Por ejemplo, septiembre me lo pagaron a finales de octubre y ya estaban las alarmas encendidas de que algo pasaba con el presupuesto aunque nos lo negaban siempre”, asegura Leovigildo García.
Varios funcionarios atribuyen esta situación a una presunta contratación innecesaria de personal, también le han asegurado a Consonante que hace parte de una estrategia para ganar las elecciones de la rectoría, las mismas que se aplazaron por la situación de anormalidad académica. “Nosotros alcanzamos a trabajar casi dos meses del semestre anterior y cuando ya había avanzado más de un mes, ahí hicieron el nombramiento de nuevos docentes porque se aproximaban las elecciones, sabiendo que la carga académica ya se había distribuido entre los profesores que cumplimos la labor en la institución”, explica García.
Hoy, según el rector, en la Universidad hay 520 docentes, 433 administrativos y 899 catedráticos. Un total de 1.852 funcionarios para trabajar con 14.416 estudiantes. Un aumento de 1.306 funcionarios en 10 años, que fue la última vez que la Universidad hizo pública esta información. En 2014 la Utch tenía 94 docentes de planta y 186 ocasionales, así como 266 administrativos de planta y contratados. Un total de 546 funcionarios.
Lo que sigue
Desde el 16 de enero los integrantes de la asamblea triestamentaria volvieron a sentarse con la administración de la Universidad para hablar sobre las condiciones para retomar la negociación del pliego de peticiones, pero aún falta mucho por definir. Esperan la firma del acta de compromisos para los pagos de los salarios y, ahora sí, empezar a discutir el pliego por el que originalmente empezó la asamblea en septiembre de 2024. La fecha de regreso a clases aún es incierta.
Por su parte, funcionarios como Leovigildo García le siguen pidiendo al Ministerio de Educación tomar el control de la Universidad: “En este momento tenemos consejeros que están esperando elegir rector, porque votar por un rector implica un bono de por lo menos 800 millones a 1.000 millones de pesos. Ahí ya empezamos con un problema porque la elección del rector se volvió un negocio, por eso el control lo debería tener el Ministerio por un tiempo”.
También recuerdan el compromiso de toda la comunidad universitaria: “yo siempre digo bueno, y después de que se acabe la Asamblea y la Universidad vuelva a la normalidad, ¿cuál es el compromiso de cada funcionario?, creo que ahí también va a haber una tarea importante por hacer”, propone Jose Eduar Espinoza.