Por qué es importante
Según censos de la Defensoría del Pueblo, en lo que va del 2021 en el Chocó se han registrado más de 33,000 personas victimizadas derivadas de las acciones de grupos armados que se disputan el control del territorio. “Esto no es una emergencia, sino una crisis humanitaria. Por la persistencia, por la gravedad, por la respuesta insuficiente”, aclara el representante regional de la Defensoría del Pueblo.
Los hechos más recientes
Las cifras más dramáticas que ha podido recoger la Defensoría del Pueblo estos últimos meses son el confinamiento de al menos 1.391 personas; el desplazamiento forzoso de 965 familias y un miembro de la comunidad de Dipurdú herida por mina antipersonal. La vida de la población civil de los Municipios de Istmina, Medio San Juan, Litoral del San Juan, Sipí y Novita, en Chocó, se encuentra en riesgo.
La situación comenzó desde el 12 y 13 de agosto cuando las AGC ingresaron a la comunidad de la Unión y de Dipurdú El Guasimo, en el Medio San Juan; grafitearon las viviendas con logos alusivos al grupo armado ilegal; e interrogaron a varias personas. Situación que empeoró dos días después por una confrontación armada entre las AGC y el ELN en la parte alta de la comunidad de Dipurdú; lo que generó el desplazamiento y confinamiento de decenas de familias. El hecho más reciente ocurrió el 19 de septiembre cuando más de 100 hombres de las AGC rodearon la comunidad Unión Chocó. A la fecha de publicación de esta nota se notifican nuevos desplazamientos en el territorio.
¿Cómo se entiende este nuevo estallido? Tres claves:
Se rompió el acuerdo operativo entre el ELN y las AGC
Estos grupos armados llegaron a un acuerdo para controlar el territorio en el 2017 después de la firma del Acuerdo de Paz. Ese pacto incluía, entre otras cosas, la distribución de las rutas de narcotráfico, de los cultivos y procesamiento de coca; así como de las rentas provenientes de la explotación de oro y madera.
Según Leynar Palacios, integrante de la Comisión de la Verdad (Lea entrevista con Leyner Palacios), la región del medio San Juan se encuentra en disputa, porque sigue siendo uno de los corredores estratégicos más importantes qué tiene el Chocó, junto con el Baudó y Bojayá. “Esta zona resulta atractiva para los grupos armados dado las condiciones geográficas, la lógica de la movilidad de los ríos y las diversas fuentes de explotación de crisis que ofrece el territorio”, comentó.
Según varios líderes de la región los escenarios que favorecieron el rompimiento de este acuerdo fueron varios, pero principalmente ganó el interés de estos grupos por obtener la hegemonía sobre todo este tramo del Pacífico. También se le atribuye al incremento de número de operaciones militares de la fuerza pública en el territorio; la activación de explosivos por parte del ELN y de minas por parte de las AGC; el recrudecimiento de amenazas e intimidaciones a los liderazgos locales y el reclutamiento de menores; además de procesos violentos de erradicación forzada de cultivos ilícitos.
Las entidades locales están desbordadas
El 14 de septiembre se organizó un Consejo Municipal de Justicia Transicional para coordinar el plan de respuestas de cada una de las entidades locales, pero en el ambiente se sentía la tensión. La conversación giró en torno a las preocupaciones compartidas, los reclamos por falta de presencia de la fuerza pública, y los llamados a la gobernación del Chocó para gestionar ayudas humanitarias.
“Pilas que esto se nos va a salir de las manos. Necesitamos más apoyo”
dijo un alcalde durante la reunión
La realidad es que las capacidades de las entidades locales en términos de recursos humanos y financieros no alcanzan para responder a la crisis. “Sus respuestas son desarticuladas, a veces llegan demasiado tarde, otras son insuficientes, transitorias o intemporales. Entonces, no alcanza a tener el impacto que se quiere”, reclama un líder social del municipio de Istmina.
Falta una respuesta institucional efectiva
A todo esto se suma que esta es una zona tremendamente olvidada y precaria en presencia institucional. “El post acuerdo no llegó a estos territorios. El Estado no llenó ese vacío que dejaron las FARC en las comunidades, pero si lo llenaron los grupos ilegales”, dice un líder social de la zona.
La Defensoría del Pueblo ha emitido 16 Alertas Tempranas advirtiendo sobre estos escenarios de riesgo en todo el Chocó, incluyendo la zona del Baudó, del medio y bajo Atrato y en general por toda la costa pacífica, sin tener eco en las autoridades competentes.
Según Elizabeth Moreno, representante del Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN), la atención humanitaria por parte del Estado ha sido tardía y a la fecha insuficiente. “La militarización no es la mejor opción. Hoy los territorios están minados, necesitamos una intervención urgente. Se requieren medidas contundentes para atender de forma oportuna estas comunidades y evitar nuevas situaciones de vulneración de derechos”, enfatiza.
¿Qué reclaman las comunidades?
Garantías para retornar a sus territorios: La población desplazada que regresa a sus territorios se encuentra con la desolación: la pérdida de sus enseres, de sus cultivos y de sus animales. Y las comunidades que se quedan confinadas por amenazas de los grupos armados, permancecen aisladas, privadas de su libertad de movimiento, y sin la posibilidad de acceder a alimentos. Hoy estas son las víctimas más invisibilizadas y desatendidas.
“Una persona que se desplaza pierde todo, hasta la dignidad, porque le toca vivir arrimado, con los señalamientos, es una doble victimización”
señala Elizabeth Moreno
Por eso, piden una serie de garantías mínimas como:
- Garantía del derecho a la vida
- Verificación de desminado y de cualquier tipo de explosivo en la zona
- Presencia de las entidades pertinentes para la atención integral y oportuna de las necesidades de la población: salud, educación, saneamiento básico, energía, conectividad, etc.
- Acción urgente de visitas humanitarias
Una respuesta institucional integral: ACADESAN hace un llamado al gobierno regional y nacional para que cumpla con sus responsabilidades constitucionales de atención, protección y prevención de los derechos humanos en esta zona del Pacífico. También a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional para que realicen un acompañamiento a las comunidades de los municipios de Istmina, Medio San Juan, Litoral del San Juan, Sipí y Novita, para que puedan resistir en sus comunidades.
Específicamente le piden al gobierno y a las entidades competentes velar por el cumplimiento de las recomendaciones dadas por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana No. 020 de 2021, dentro de las cuales se encuentran:
- Implementar de forma integral el Acuerdo Final de Paz firmado entre el gobierno y las FARC-EP
- Avanzar en los diálogos de paz y forma de acuerdos humanitarios con todos los actores armados presentes en el territorio
- Desarrollar acciones de prevención del reclutamiento forzado de menores
- Brindar protección para los líderes sociales y sus organizaciones
- Garantizar la debida atención humanitaria a las víctimas
Una intervención con enfoque diferencial: finalmente, piden el respeto por la integridad de la comunidad étnica como un actor no armado. Además que la fuerza pública respete la autonomía de los territorios ancestrales y el libre ejercicio de autodeterminación sobre sus vidas. Es decir, que en sus operaciones militares en territorios étnicos respeten y se relacionen con esas formas de gobierno propias. “No se trata de llegar y decirles qué hacer, sino que la comunidad tenga la posibilidad de participar”, explica un representante regional de la Defensoría del Pueblo.
Lo que sigue:
El panorama no es alentador. Los hechos demuestran que no parece que se vaya a producir un cambio en la situación de asedio a las comunidades o en la respuesta institucional. Algunas voces de los líderes solo contemplan que el escenario empeore. “Temo que esto se nos vaya a convertir en un escenario como el de Bojayá”, dice Mario de Jesús Álvarez, obispo de la diócesis de Istmina.
