Hace dos semanas, los firmantes de paz que vivían en la vereda de Miravalle en San Vicente del Caguán (Caquetá) llegaron desplazados al municipio del Doncello. La noticia hizo eco a nivel nacional desde junio cuando fueron amenazados por los enfrentamientos entre las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc que se disputan el control territorial de la zona con La Segunda Marquetalia.
Las 60 familias desplazadas llevaban 7 años en el espacio territorial de capacitación y reincorporación (Etcr) Oscar Mondragón, uno de los 24 lugares a nivel nacional destinados para que los excombatientes hicieran su tránsito a la vida civil. El desplazamiento se sumó a lo sucedido en el mismo departamento a mediados de 2019, cuando los habitantes del Etcr Urias Rondón, en Playa Rica - La Y, tuvieron que trasladarse en medio de las amenazas, la reconfiguración del conflicto armado y la crecida de las disidencias de las Farc.
El caso de los firmantes de Miravalle fue visto como la muestra más reciente de cómo el Estado le falló a quienes decidieron dejar las armas y apostarle a la paz. “Sabíamos hace años que los firmantes de paz de Miravalle sufrían amenazas. Fue anunciado, hubo alertas tempranas. La pregunta es: ¿qué pasó?, ¿por qué no hubo respuestas antes?”, dice Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia de Crisis Group, una organización internacional independiente que previene la guerra y le apuesta a la paz.
Dickinson resalta que una de las razones por las que esto pasó es que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) no han logrado su objetivo. “Que los Pdets no hayan aterrizado es fundamental para la nueva vulnerabilidad en la que están las mismas comunidades”, dice. Los Pdets son uno de los puntos claves del acuerdo de 2016 que consistía en que el Estado llegara e invirtiera en los territorios rurales más golpeados por el conflicto armado. Su intención era cambiar el contexto de estos lugares cerrando brechas de desigualdad.
Por eso, lo sucedido a los firmantes de Miravalle ha sido tomado también como una evidencia más de la falta de implementación del Acuerdo de Paz.
“La única forma para evitar la violencia en general y la violencia contra los firmantes, es cambiando el contexto. Eso era lo que iban a hacer los Pdet, pero no lo han logrado y eso nos pone en la posición de ser reactivos y buscar soluciones a corto plazo”, explica Dickinson.
De la dejación de armas a la expectativa de la paz
Los excombatientes de la columna Teófilo Forero perteneciente al Bloque Sur de las antiguas Farc, iniciaron su tránsito a la vida civil en los terrenos del Etcr Óscar Mondragón, ubicado en El Pato, zona rural de San Vicente del Caguán. El municipio era clave para las antiguas Farc porque fue uno de los territorios en los que se movió el entonces secretariado y donde esa guerrilla tuvo mayor control territorial. La zona de El Pato también fue significativa porque históricamente ha cargado con el estigma de ser considerada una “zona roja” o zona guerrillera.
La llegada de los firmantes de paz a la zona también trajo inversión para ellos y las veredas aledañas: iniciaron proyectos de producción hidropónica (que consiste en cultivar plantas sin suelo, con soluciones minerales y nutrientes en el agua) de lechugas y tomates, tanques para cultivos de tilapia, invernaderos para producir pimentón y un impulso a emprendimientos y comercios pequeños como panaderías y minimercados en el Etcr. El trabajo mancomunado también fortaleció los lazos comunitarios hasta el punto de crear organizaciones como el Comité de Reincorporadas Asociadas por la Paz (Creapaz) o asociaciones de mujeres productoras de café de la zona.
Para Eliana Hernández; enlace regional de la Fundación Instituto para la Construcción de la Paz (Ficonpaz), un organismo de la Arquidiócesis de Bogotá; lo que pasaba en la zona era la oportunidad para ser testigo de que El Pato estaba convirtiéndose en un eje de desarrollo para el municipio. “Hubo nuevas experiencias de transformación no solamente en construcción de paz, sino en temas productivos. También hubo procesos sociales diferenciados con firmantes de paz y otros sobre la intervención de ellos en la vida social de los Sanvicentunos”, cuenta.
Los firmantes de paz también empezaron a integrarse a la vida civil en espacios de participación como el consejo de planeación municipal, la mesa municipal de turismo y el consejo territorial de paz, reconciliación y convivencia que permitieron visibilizar sus apuestas. Esos vientos de paz fueron breves, pero no se quedaron sólo en el Etcr.
“En los primeros años, cuando preguntaban qué ha mejorado desde la firma del acuerdo de paz, el ejemplar era Caquetá — recuerda Dickinson de Crisis Group —. La violencia bajó, las oportunidades para el desarrollo incrementaron, el ecoturismo era una apuesta real, no había restricciones de movilidad, no había grupos armados. La tranquilidad era impresionante”. En San Vicente y en El Pato fue igual.
Carlos Ariel García, director y cofundador de Caguán Expeditions e integrante del equipo Remando por la Paz, recuerda cómo la paz se tradujo en más oportunidades para el municipio: “nacen procesos asociativos lecheros, frijoleros, plataneros, procesos de expedición botánica hacia el parque Cordillera de los Picachos, nacen acuerdos de conservación, llegaron bibliotecas y maestros para la paz. Pero, por supuesto, la deuda es grande en este territorio”.
Hace unos meses, en entrevista con Consonante, García dijo que los incumplimientos al Acuerdo se podían ver en los reclamos históricos que siguen sin subsanar: vías, educación, salud, conectividad eléctrica. “La gente no ve en realidad cambios significativos en su vida”, dijo. En ese contexto, los incumplimientos al Acuerdo empezaron a pesar más.
Wilmar Vargas, firmante de paz y presidente de la cooperativa ‘Forjadores de paz’ que vincula víctimas del conflicto armado, considera que el Acuerdo ha avanzado poco y ha llevado a que algunos que apostaron por la paz regresen a las armas. Para él, la responsabilidad va en dos vías, primero por el lado del gobierno nacional:
“De parte del gobierno no se ha dado el cumplimiento que estábamos esperando. Por eso a muchos firmantes les tocó volver a coger el monte porque miraron que no había cumplimiento ni en seguridad ni en vivienda ni en tierra ni en espacios políticos”, afirma.
Vargas también cree que pesó la relación actual entre la base social y los dirigentes del partido Comunes — que fue el que nació del Acuerdo para darle participación política a los firmantes de paz —. Asegura que uno de los problemas es que no hay comunicación directa con ellos. A eso se suma la falta de compromiso por parte de los gobiernos locales. “Los culpables son varios, mientras uno está en la reunión todo se da. En el Congreso o en la Alcaldía le palmotean la espalda a uno, pero nunca se ven los resultados. Siempre son promesas y promesas que nunca se cumplen”, anota Vargas.
“Yo creo que todos los avances dependen de la voluntad política, entonces faltó en los gobiernos anteriores — dice Hermidez Linares Montiel, líder del proceso Remando por la paz y vocero del traslado de los firmantes a Doncello —. Aunque llegaron varios proyectos que beneficiaron a las comunidades como turismo, proyectos productivos y educación, otros temas no avanzaron. Y ahora las disputas territoriales por la cordillera central y su paso estratégico afectan de nuevo a todos los habitantes”.
La reconfiguración del conflicto armado y el engrosamiento de las filas de los grupos disidentes tras la firma del Acuerdo de 2016, fue una muestra más de la falta de implementación de lo acordado. Según la Fundación Conflict Responses (CORE), que le hace seguimiento al conflicto armado en Colombia, hasta 2023, las dos disidencias de las antiguas Farc, el Estado Mayor Central y La Segunda Marquetalia, tenían capacidad de injerir en la realidad local de manera sostenida y de forma directa o indirecta en Caquetá. Ambas se disputan el control territorial en El Pato.
Pero el desplazamiento de los firmantes y la pelea a fuego en El Pato es sólo una muestra de los incumplimientos al Acuerdo de Paz que, tras ocho años de firmarse, sigue con una implementación lenta que ha hecho que las violencias se reciclen. Pero esa realidad en San Vicente del Caguán no sólo la sienten los reincorporados del Etcr. El Pdet, que debía ser el aterrizaje del acuerdo a nivel local y rural, no ha logrado transformar el día a día de los habitantes de la ruralidad que siguen siendo los más golpeados por el conflicto armado y las desigualdades.
La implementación del Pdet en San Vicente
Los Pdets fueron pensados como una hoja de ruta para que en 10 años transformaran las zonas rurales de los 170 municipios de las regiones más pobres y golpeadas por la violencia. Pero terminaron en un listado de iniciativas generales que a más de la mitad del tiempo estipulado, aún no se concretan.
“La historia de los Pdets en una palabra es ‘politización’. Lo que se requería acá era un compromiso por parte del Estado, no por parte de un gobierno. Pero, como pasa en Colombia, cada gobierno entra con su propio programa y descarta los avances de los anteriores. Todos los gobiernos que han tenido que implementar una parte del acuerdo tienen culpa en esto”, explica Dickinson de Crisis Group.
La mirada no es muy distinta desde las comunidades. Para Nelson Armando Gonzáles; miembro del grupo motor del Pdet Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, integrado por los 16 municipios de Caquetá y uno del Huila; después de cinco años de suscribirse el plan de acción para transformar en el territorio con más de 3 mil iniciativas, el Pdet parece no impactar de forma trascendental la vida rural.
“Sigue uno teniendo el sinsabor de que el Estado no ha tenido en cuenta las obras de impacto necesarias. Nos dicen que en el Caquetá se han invertido 1,7 billones de pesos, pero seguimos esperando que se implementen los mismos proyectos que fueron escogidos por las comunidades hace unos años”. En San Vicente del Caguán, uno de los municipios de la subregión Pdet, lo sienten igual.
“Nos preguntamos: ¿qué pasó con los Pdets? Acá sé que se politizó, no pasó lo que tenía que pasar”, dice Carlos Ariel de Caguán Expeditions
Del municipio salieron 240 iniciativas que iban desde implementar proyectos productivos y hacerle mantenimiento a vías terciarias, hasta solucionar conflictos económicos y socioambientales en áreas protegidas.
A corte del 30 de junio de este año, más de la mitad de las iniciativas (130) contaban con una ruta de implementación activa que, en palabras sencillas, se refiere a cualquier tipo de avance. Pero no siempre significa que sea visible o impacte el territorio. Sara Arias, coordinadora del Pdet Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, explica que la ruta de implementación puede equivaler a una contratación o a cualquier tipo de acción referente a una de las iniciativas.
“La lógica de las iniciativas se hizo también para no cumplirse”, dice Arias criticando la parte de la implementación del acuerdo que le correspondió al gobierno de Iván Duque.
“En este Pdet se calcula que se requieren un promedio de cuatro proyectos para darle cumplimiento total a una sola iniciativa”, cuenta Arias.
Eso quiere decir que la subregión necesitaría más de 13 mil proyectos y San Vicente del Caguán unos 960 para poder cumplir todo lo propuesto, eso sin contar la inversión, la dificultad de llevar a cabo algunas y el tiempo de ejecución.
Todo eso ha impedido que la transformación esperada por las comunidades llegue a los territorios. Aunque más de la mitad de las iniciativas están andando, las que son primordiales para campesinos, jóvenes, mujeres, reincorporados y otras comunidades, no parecen avanzar. Así lo cuenta una mujer integrante del grupo motor del Pdet de San Vicente del Caguán. Para ella, que prefiere no ser nombrada porque teme que su liderazgo se vea minado por su opinión o que termine señalada por criticar la implementación del acuerdo, el derecho a la propiedad privada, ya sea entregando tierras o facilitando la titulación de tierras que están en áreas protegidas, hubiera traído grandes cambios al municipio.
“Queremos y estamos buscando la tenencia de tierras. Tener títulos y escrituras mejoraría las condiciones de vida de muchos porque podríamos tener autonomía económica, tendríamos la satisfacción de generar empleos formales para que la gente no tenga que salir del territorio y así mismo tendríamos una responsabilidad ante el Estado”, comenta.
En toda la subregión del Pdet, entre 2017 y 2022 se formalizaron y adjudicaron 65,8 hectáreas. Pero en San Vicente no se ha sentido. “Hasta donde yo sé, en el municipio no se ha formalizado ni una”, dice la lideresa.
Los firmantes de paz que están dispersos en este territorio, opinan igual. “Eso es algo que no ha avanzado, creo que ni ha comenzado. Lo poco que sé es que apenas unos Etcr están en proceso de legalización”, dice Wilmar Vargas, reincorporado y presidente de la Cooperativa Forjadores de Paz.
Aunque las comunidades de San Vicente han logrado que se cumplan algunas iniciativas relacionadas con proyectos productivos, Vargas critica que estos sean “plata de bolsillo”: “A nosotros nos salió un proyecto de 8 millones de pesos. Pero no es un proyecto productivo autosostenible. De ahí no podemos sostener ni la familia ni el proyecto”.
Para jóvenes como Yerson Camilo Muñoz, que hace parte del grupo motor del Pdet integrado por más de 30 personas, una de las iniciativas claves que transformaría el territorio sería la de la construcción de un campus universitario. “La educación es la base de cualquier cambio social. Un campus universitario garantizaría que los jóvenes podamos hacer una carrera y podamos tener una alternativa de vida”, dice Muñoz. También resalta la importancia de la Casa Refugio de la mujer, para brindar más oportunidades a las mujeres rurales.
En lo que sí coinciden todos los entrevistados es que el cumplimiento de las iniciativas no hubiera solucionado todas las problemáticas del territorio, pero su aporte sería relevante.
“El cumplimiento de las iniciativas Pdet es una forma de empezar a subsanar esa deuda histórica que tiene el Estado con los territorios violentados”, asegura Muñoz.
Sara Arias, coordinadora del Pdet Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño también comparte ese pensamiento. Por eso dice que por parte del gobierno de Gustavo Petro le han apostado a escuchar a las comunidades y priorizar proyectos. Una muestra de eso fue que hace dos semanas se reunió parte del gobierno y de la sociedad civil de la subregión para revisar las iniciativas, actualizar la visión del Pdet a 2033 y avanzar en los compromisos.
“Queremos avanzar en la construcción de 30 proyectos para superar la lógica de las iniciativas, que tengamos una hoja de ruta mucho más clara para que los proyectos se concreten y se hagan realidad”, afirmó Arias. Entre los puntos priorizados está el de diseñar un programa de comunicación para dotar, formalizar y legalizar medios de comunicación comunitarios y alternativos para implementar estrategias de pedagogía de paz y memoria histórica.
También quedó priorizada la construcción de un puente vehicular, la implementación de sistemas productivos como huertas, la construcción y mejoramiento de alcantarillados, la titulación de predios de instituciones educativas, y embarcaciones para fortalecer el transporte escolar.
Para lograrlo, la coordinadora asegura que a nivel nacional este gobierno amplió la bolsa de obras por impuestos (que permite que las empresas paguen sus impuestos construyendo obras en estas zonas): “Pasamos de 50 mil millones a un billón para que los contribuyentes pongan sus impuestos en clave de obras. Esto, teniendo en cuenta que el anterior gobierno redujo a la mitad el presupuesto de implementación del Acuerdo de paz”. En 2016, el costo estipulado para el Pdet en la subregión fue de 6.2 billones de pesos.
“Es cierto que el presupuesto limitado no va a transformar en cuatro o cinco años unas estructuras inequitativas y desiguales que se han construído en un estado centralista, machista y patriarcal”, dice Arias. Pero la esperanza está puesta en que los cambios que se logren sí lleguen a las comunidades y puedan cumplir con la idea principal de los Pdets de cambiar las zonas rurales que más han sufrido la violencia para que estas cesen y no se repliquen.
En especial para que casos como los de los firmantes de paz de Miravalle no se repitan. Elizabeth Dickinson, de Crisis Group lo dice así: “Más que un listado de exigencias, la idea real de los Pdets era obligar a las instituciones del Estado a estar permanentemente en terreno y ese despliegue del Estado es lo que ha faltado”.
