‘No somos invasores, son nuestros territorios’: Consejos afro en Fonseca

Las nuevas generaciones de los consejos comunitarios afro en Fonseca no han crecido dentro de su territorio. Ese es el caso de Yuleisy Fernández, integrante del consejo Blas Rosado de la vereda Sabaneta. De los 38 años de edad que tiene Fernández solo ha estado durante 15 años en su territorio colectivo. Su comunidad, compuesta por alrededor de 30 familias, ha sido desplazada dos veces. La primera fue en el año 2000 cuando los enfrentamientos entre los paramilitares, la guerrilla y el Ejército los llevó a salir para salvaguardarse. La segunda fue en el año 2022, cuando la Alcaldía municipal los desalojó porque los predios que antes habitaban fueron adjudicados a un tercero por el entonces Instituto de Desarrollo Rural (Incoder), hoy conocido como la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

“Cuando regresamos hicimos nuestras casas de bahareque, material o cambuches, pero fuimos desalojados porque le apareció dueño al territorio. El Incoder se lo adjudicó a Carmen Ariza y aparecíamos ante la ley en calidad de invasores de nuestro propio territorio. En donde había casas, hoy hay cultivos de pancoger que pertenecen a la supuesta propietaria. Nos reubicaron en otro lugar, que es insuficiente para la cantidad de familias perjudicadas”, cuenta Yuleisy Fernández. 

Al igual que Fernández y la comunidad Blas Rosado, los otros 27 consejos comunitarios afro de Fonseca están en la búsqueda de un territorio colectivo donde volver a crecer y poner en práctica su cultura ancestral. Pero se han encontrado con un sinnúmero de obstáculos para conseguirlo. El principal de estos es ser reconocidos como afrodescendientes por la Alcaldía municipal y el Ministerio del Interior. A esto se suma, la débil implementación de la Ley 70 de 1993. Esta norma, que cumplió 30 años el 27 de agosto, es conocida también como la Ley de derechos de las comunidades negras de Colombia y regula la titulación de tierras, el desarrollo de la economía y su ancestralidad.

Ante este panorama, las comunidades afro de Fonseca temen perder su identidad cultural por la imposibilidad de tener un territorio donde llevar a cabo sus prácticas ancestrales y que estas terminen por quedar minimizadas frente a las manifestaciones culturales de los barrios, veredas y corregimientos en donde les ha tocado vivir. El riesgo es que las nuevas generaciones desconozcan su lengua, su música y su tradición familiar, entre otros. Es por esto que la implementación de la Ley 70 representa una luz de esperanza para acceder finalmente a la tierra, y rescatar sus usos y costumbres.

“Éramos unas familias que sentíamos que lo teníamos todo. Aunque pareciera que no teníamos nada y vivíamos bajo muchas necesidades. Éramos felices en el territorio vivíamos una vida tranquila, lejos de lo que hoy nos toca enfrentar en el diario vivir en Fonseca y en Conejo, en donde se encuentran las otras familias que hacen parte de este consejo afro de Sabaneta”, lamenta Fernández.

Arnold Brito, representante del consejo afro Alfonso Rafael Brito Ortega de la vereda de Los Altos, cuenta su caso: “La mayoría nos encontramos habitando la zona rural, algunos en Los Altos, Mamonal, Traga Entero y unos pocos en el casco urbano, que igual queda cerca a nuestro lugar de origen. Toca ir y venir puesto que toca salir a conseguir el sustento diario trabajando el jornal en tierra ajena, ya que la mayoría son labriegos, algunas mujeres trabajan como empleadas domésticas, otras producen artesanías y así. Cada quien se las arregla para sobrevivir”, cuenta Brito, quien es el vocero de 35 familias que están en búsqueda de tierra colectiva desde 2017.

El calvario para obtener tierra colectiva

Para acceder a un territorio colectivo como comunidad afro se debe tener una certificación del Ministerio del Interior y de la Alcaldía municipal. Estas autoridades deben verificar cuántas familias y cuántas personas se autorreconocen como afro e integran el consejo comunitario. Después de esto, el consejo comunitario, que es la autoridad étnica encargada de administrar los territorios colectivos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, deben postularse ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Esta entidad debe hacer visitas a territorio, informes técnicos, recibir oposiciones a la adjudicación, tomar una decisión frente a la titulación y publicar la decisión. En ese proceso, algunas comunidades pueden tardar más de 7 años o deben acudir a tutelas para que les respeten sus derechos.

Ana Ludís Manjarrez Ariza, representante del consejo comunitario José Antonio Manjarrez Ariza de la comunidad de Almapoque (Los Altos, Mamonal, Potrerito y Quebrachal), cuenta que están constituidos legalmente desde el año 2016 y han recibido la certificación de las tres últimas administraciones municipales, incluida la actual. A pesar de esto, de haber surtido el procedimiento con la ANT y tener procesos de restitución de tierra como víctimas del conflicto armado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tuvieron que recurrir a la tutela y aun así no han recibido la titulación.

“A través del acompañamiento de los Asorroblistas, comunidad afro del municipio de Hatonuevo que nos tendió la mano, estamos a punto de lograr la titulación colectiva ya que tutelamos a la Agencia de Tierras. Tenemos postulada la entrega de una finca de 436 hectáreas para darle manejo como si fuera un cabildo, en el que aquellas familias que realmente necesiten la tierra puedan explotarla”, afirma Manjarrez. “Nuestro principal objetivo es lograr el territorio colectivo”, agrega.

Otro caso similar es el del consejo comunitario Luis Enrique Martínez, del corregimiento de Sitio Nuevo y compuesto por 178 familias. William Brito, el representante legal de este consejo, cuenta que antes de que de Incoder se transformara en la Agencia Nacional de Tierra ya habían completado todas las exigencias para la titulación pero al surgir la nueva entidad, perdieron todo el proceso y hoy están en la incertidumbre. 

“Hicimos una radicación en el año 2015, cuando existía Incoder, para la compra de 548 hectáreas de un predio privado. Nos entregaron un poder en donde se nos dice que ya estaba todo listo para la compra. Cuando ya habíamos hecho todo el proceso desaparece Incoder y nuestro archivo queda en manos de la ANT. Me he reunido varias veces con ellos y ahora me salen con que mis archivos se perdieron y nos corresponde iniciar de nuevo el proceso. Ya han pasado 8 años y nos toca escoger otro predio. Nos encontramos con que ahora todo es más difícil, no hay tierras y Sitio Nuevo no tiene para donde más crecer. Las tierras existentes están en manos de privados”, dice Brito.

Los obstáculos que han encontrado Ana Ludis Manjarrez y William Brito es una muestra de las dificultades que han enfrentado los demás consejos comunitarios en el Caribe. El informe Desafiando alambradas: análisis de las barreras que impiden el acceso a los derechos territoriales de las comunidades negras en la región Caribe, de la organización Ilex - Acción Jurídica, detalla que en toda la región solo existen 22 comunidades que han logrado titulación colectiva. El mayor número está en el departamento de Bolívar con 8, en un segundo lugar está La Guajira con 7 y Magdalena con tres. Sin embargo, hasta octubre de 2021, La Guajira tenía 164 solicitudes sin ser resueltas, según Ilex. 

Entre las dificultades para avanzar en la titulación se encuentra: la ignorancia de la ley, la escasez de tierras baldías y el desconocimiento de las necesidades de las comunidades afro del Caribe por parte de las entidades del Estado. “La escasez de tierras baldías en el territorio nacional ha provocado que las tierras disponibles para adjudicar sean muy bajas y que haya que optar por la modalidad de compra. Esto requiere una disponibilidad presupuestal en las entidades del Estado que adelantan este proceso”, explica Marbys Redondo Vanegas, miembro del consejo comunitario El Negro Robles de la población ancestral de Camarones, Riohacha, e integrante del Proceso de Comunidades Negras de Colombia.

Por su parte, William Brito afirma que la Ley 70 ha estado enfocada en las comunidades afro del Pacífico colombiano y no en el Caribe, donde el reconocimiento de esta ha avanzado con lentitud. “La ley 70 se inclinó más sobre las necesidades y el vivir de los amigos del Chocó. del Pacifico, la ley no fue abierta. Por eso pienso que debe tener una restructuración porque está muy cerrada. Esperamos que se abra a las necesidades que tenemos los consejos comunitarios de La Guajira. Somos ribereños y merecemos tanta atención como nuestros hermanos wayuu”, afirma Brito.

El informe de Ilex destaca que: “En los 28 años de vigencia de la Ley 70 de 1993, con corte a octubre de 2021, solo se habían titulado 19 consejos comunitarios concentrados en Bolívar, Magdalena y La Guajira; estas cifras son apenas el 5 por ciento de la meta propuesta desde ese entonces, donde se tenía proyectado titular por fuera de la región Pacífico”. Al respecto, Alí Bantú Ashanti, abogado, activista y director del Colectivo de Justicia Racial, considera que la implementación de la Ley 70 y los requisitos de titulación debe implementar y regular conforme a la realidad actual de las comunidades negras en los territorios rurales del país.

La controversia

Los derechos de las comunidades afro en Fonseca se pusieron nuevamente en la agenda pública desde que el 15 de agosto, el alcalde Hamilton García Peñaranda fue reconocido como un actor transformador, por el reconocimiento y los trámites que ha desarrollado a favor de la población afrodescendiente. El premio “Transformadores de la Región” fue entregado por la Asociación Nacional De Alcaldes de Municipios con Población Afrodescendiente. Pero el reconocimiento tomó por sorpresa a los líderes y lideresas de los consejos comunitarios afro del municipio, quienes no sabían de la existencia del premio ni de las razones por las que el alcalde fue merecedor. Además de García, los mandatarios de San Juan del Cesar y El Molino fueron premiados.

“Me sorprende, hasta ahora me doy cuenta del premio. Él no ha dicho nada, pero aprovecho para resaltar que de la administración municipal no hemos recibido nada”, afirma Ana Ludís García Ariza, representante legal del consejo José Antonio Manjarrez Ariza. Mientras que Edgar Peralta, representante legal de comunidades negras Víctor Manuel Peralta Peñaranda, que recoge a 30 familias, celebra el galardón. “Me alegra este reconocimiento porque visibiliza la población y lo estimula como mandatario y al próximo, para poder realizar acciones que beneficien a nuestra comunidad”, agrega Peralta.

Las acciones concretas que llevaron al alcalde García a ganar este premio son: las gestiones frente al Ministerio del Interior para que reconozca los consejos afro en el municipio y la designación de una funcionaria que sea el puente entre las comunidades afro y la administración municipal. Desde hace dos meses, Gilma Isabel Anaya, enlace de asuntos indígenas y afrodescendientes y de la población LGBTI, se ha convertido en un apoyo para la Secretaría de Gobierno en los asuntos administrativos. “Los consejos afros tienen pleno conocimiento de esta dependencia. Hemos atendido asuntos concernientes a consejos afro y asuntos indígenas para expedir certificaciones”, cuenta Anaya. La funcionaria agrega que han hecho reuniones con el Ministerio, el enlace de La Guajira para los consejos afro y creó un grupo de WhatsApp para tener un canal de comunicación directo con los 28 líderes de Fonseca.

Sin embargo, Anaya afirma que ha habido falta de interés por parte de algunos consejos comunitarios afro de apropiarse de los trámites y, de esta forma, mejorar su situación. “Se han hecho dos reuniones, la primera se realizó en el Concejo Municipal, en donde se trataron asuntos como la representación legal y todo lo concerniente a la situación de los consejos. La segunda fue con el Ministerio del Interior. Pero queremos saber por qué no asisten. La mayor asistencia ha sido de 10 representantes de los 28 consejos”, cuestiona la funcionaria.

Los líderes y lideresas de los consejos comunitarios afro coinciden en su mayoría que la figura del enlace ha facilitado los procesos que deben realizar y han tenido más acompañamiento. Sin embargo, otros representantes aseguran que no conocen la existencia de este aún cuando la funcionaria asegura haber tenido contacto con todos por Whatsapp. 

Una solución lejana

La implementación completa de la Ley 70 está lejos de concretarse. Para aterrizar esta norma, el Gobierno nacional debe expedir decretos o resoluciones que establezcan la forma como se debe implementar. Recientemente, el presidente Gustavo Petro expidió dos decretos que reconocen los derechos a la explotación agroambiental de los territorios por parte de las comunidades afro y otro que establece una estructura de lo que va a hacer la explotación minera, reconociendo derechos al pueblo afrodescendiente sobre las minas y sus territorios.

Samuel Arregocés, representante del consejo comunitario afro Los Bárbaros Hoscos de Roche en Hatonuevo, asesor del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y ha acompañado a otros consejos en La Guajira, es optimista frente a los avances actuales. “Creemos que con este nuevo gobierno las cosas han avanzado mucho y hay gran expectativa con respecto a las herramientas que nos están brindando para avanzar. Nos hemos reunido con los enlaces del Ministerio del Interior en varias ocasiones y se ha progresado en lo relacionado con la titulación de tierras, ya se han visitado predios que se encuentran en los diferentes municipios como Hatonuevo, San Juan del Cesar y Fonseca”, asegura Arregocés.

Por su parte, los líderes y lideresas de los consejos comunitarios han optado por desarrollar proyectos e iniciativas que les permitan mantenerse articulados y hacerle frente a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. “Estamos creciendo, hemos logrado formación a través de algunos programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para nuestros niños, niñas y jóvenes. Para nuestras mujeres artesanas hemos hecho cursos a través del SENA, incluso Corpoguajira nos donó carbón vegetal que benefició a algunas familias para cocinar sus alimentos. Todas estas acciones ayudan a fortalecer el vínculo entre nuestra comunidad”, dice Ana Ludis Manjarrez.

William Brito asegura que él y los demás representantes afro se niegan a perder su arraigo cultural y continuarán hasta tener su territorio colectivo. “Nosotros no tenemos tierra pero seguimos aquí y no vamos a renunciar hasta conseguirlo. Nos negamos a aceptar que nuestras nuevas generaciones crezcan sin conocer toda la riqueza cultural con que cuenta el pueblo afro”, afirma Brito.