“Quien maneja este pueblo es la empresa”: el poder de Miner SA en El Carmen de Atrato

“Si cierran la minera El Roble sería un desastre para El Carmen de Atrato”, dice Néstor Vanegas, uno de los líderes que coordinó la recolección de firmas para demostrar el apoyo de la población de El Carmen de Atrato a la empresa a inicios de este año. En una semana, Vanegas y un grupo de diez jóvenes recorrieron las calles y con los formatos en la mano recogieron 500 firmas a finales de marzo. Fue una tarea fácil y no tuvieron que esforzarse por convencer a los habitantes del pueblo. Desde las esquinas y las mesas de los restaurantes en la plaza principal la gente los llamaba para llenar los formularios. “Si la empresa se va no tenemos nada que hacer aquí”, gritó indignado un joven barbero después de firmar.

El rumor de que la Minera El Roble o Miner SA, la única mina de cobre activa en el país, podría dejar de operar, después de 33 años de funcionamiento, se escucha en el pueblo desde hace más de un año. El 23 de enero del 2022, se hizo pública la noticia de que se vencía la licencia que tenía la empresa para extraer cobre, plata y oro en El Carmen de Atrato. La incertidumbre tomó fuerza por los cuestionamientos de la Contraloría General de la República que alertó que Miner SA había dejado de pagar regalías entre 2014 y 2020. Para febrero de 2022, la compañía le debía más de 87.900 millones de pesos a la nación por el valor de las regalías y otras obligaciones económicas.  

A pesar de que el contrato de concesión minera con el Estado establecía que, una vez la mina superara las 100.000 toneladas de producción en bruto anuales, debía pagar regalías y participación nacional, la compañía siguió operando sin cumplir con esa responsabilidad y la Agencia Nacional de Minería (ANM) tampoco cumplió con la función de efectuar el cobro. Los directivos de Miner SA aseguraron en su momento que se trataba de un problema de interpretación de la ley. Según su versión, el no pago se debía a que su explotación era concentrado de cobre y oro y no del material en bruto como estipula la ley. 

“Estamos al día porque se han cumplido todas las obligaciones del contrato 9319 firmado en 1987. Por más de 25 años todas las autoridades que les correspondió administrar y controlar nuestro contrato lo interpretaron de la misma manera, y lo que existe hoy es una controversia por un cambio unilateral de esta interpretación del contrato desde el 2015 por parte de la autoridad”, dijo Fernando Ganoza Durant, presidente de la Minera El Roble, en entrevista con Portafolio. A pesar de que Consonante buscó las declaraciones de algún directivo de la compañía hasta la fecha no ha sido posible obtenerla.

En diciembre de 2021, la ANM y la empresa llegaron a un acuerdo de pago. Aunque la Agencia ha mantenido reserva sobre las cuotas, los montos y conceptos que le están pagando, la compañía manifestó a través de un comunicado que el plan de pagos está proyectado a cinco años por un total de 26,4 millones de dólares (110 mil millones de pesos) que se dividirá de la siguiente manera en cuotas semestrales: “Un pago inicial de US$1 millón (4.218 millones de pesos), seguido de US$3,2 millones (13.497 millones de pesos) en el año 1, US$3,3 millones (13.919 millones de pesos) en el año 2, US$3,4 millones (14.341 millones de pesos) en el año 3, US$5,8 millones (24.464 millones de pesos) en el año 4 y US$9,7 millones (40.914 millones de pesos) en el año 5”. 

Pero el pleito alrededor del pago está lejos de solucionarse. Miner SA está a la espera de que el tribunal de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá se pronuncie sobre si debe pagar o no las obligaciones. Por lo pronto, la ANM asegura que la empresa ha cumplido con los pagos aunque no específica el monto abonado hasta la fecha. “En cuanto a las regalías de cobre, así como las participaciones han venido pagando según el acuerdo de pago según resolución No. 230 del 27 de diciembre de 2021”, según la ANM en respuesta a un derecho de petición.

La deuda que tiene la empresa no es la única irregularidad, también está el hecho de que su licencia de explotación está vencida. La empresa ha podido seguir operando desde el 23 de enero de 2022, según la ANM, porque el contrato de concesión está amparado por el Decreto Ley 019 de 2012. Este establece que la licencia será renovada transitoriamente hasta que la ANM no se pronuncie de fondo. Hasta ahora, la Agencia continúa en la evaluación de la nueva solicitud de la empresa. No hay un tiempo límite para que se pronuncie al respecto. 

Viviana González, subdirectora del Centro Sociojurídico Siembra, cuestiona que se permita la continuidad del contrato a pesar de los incumplimientos de la empresa. “Es problemático que la normativa permita extender la vida de un contrato con una empresa que ha venido incumpliendo sus obligaciones, y que tiene un litigio abierto con el Estado. Es irregular que se dé esta prórroga a un titular minero que tenga este nivel de incumplimiento”, dice González.

La explotación de Miner SA se ha dado, además, en medio de dudas sobre cuánto cobre, oro y plata extrae de la mina. Habitantes del municipio consultados por Consonante afirman que la compañía no ha dado a conocer cuánto explota anualmente. Solo hace públicos sus informes financieros a través de su página web pero estos están en inglés, son extensos (algunos con más de 20 páginas) y están escritos con un lenguaje técnico. Adicionalmente, la empresa no cuenta con un plan de gestión social. Este documento es importante porque ahí se deben establecer las acciones que la minera tomará para compensar el impacto de su operación. Miner SA no lo ha presentado pues su licencia data de 1987, y este documento apenas se convirtió en un requisito obligatorio a partir de 2015. Por eso, con el nuevo proceso de licenciamiento se abre una ventana de oportunidad para que la empresa diseñe un plan y los habitantes del municipio participen y conozcan la estrategia de mitigación de las afectaciones sociales. 

Nuevos dueños, nuevas estrategias

En 2014 la relación del pueblo con la minera El Roble cambió radicalmente. Ese año entró en operación la compañía canadiense Atico Mining, que ejecuta proyectos mineros de oro, cobre y plata en América Latina y es administrada por la familia peruana Ganoza. La empresa le compró el 90 por ciento de la participación sobre la mina a la familia antioqueña Gaviria Correa por 14 millones de dólares. El otro porcentaje está en manos de los Gaviria por medio de Las Vegas SA, una empresa dedicada principalmente a los negocios inmobiliarios, según una investigación del medio de comunicación El Armadillo. El cambio de administración trajo mayor movimiento en el pueblo, que para ese momento se sostenía principalmente de cultivos de aguacate, cebolla y cilantro, entre otros. El comercio y la mina generaban empleo en una menor medida. Poco a poco se fue abandonando la tradición agrícola por el trabajo en la mina. 

“Todo comenzó a cambiar con la entrada de maquinaria muy grande, unas perforadoras que nunca se habían visto, y una cantidad de volquetas. Eso fue lo más impactante. Lo otro fue la gran cantidad de mano de obra, pues se empezaron a contratar más personas de acá y de otras partes, principalmente de Perú”, recuerda Marcela Sánchez, guardiana del río Atrato e integrante de la Fundación Mesa Social y Ambiental. 

Por eso, hoy la principal preocupación de los habitantes del pueblo sobre la supuesta salida de la empresa minera es quedarse sin trabajo. Aunque la empresa no ha dado a conocer oficialmente cuántos empleados del municipio y del Chocó tiene contratados, el alcalde Jaiberth Ríos, representantes del sindicato de la mina y otras personas de la comunidad coinciden en que Miner SA es el principal empleador. De la mina no solo dependen los trabajadores que están vinculados directamente con la explotación, sino también quienes se encargan del suministro de alimentos, bienes y servicios para el personal de la mina. Además, Miner SA ha optado en los últimos años por apoyar emprendimientos de jóvenes y mujeres del pueblo, y establecer convenios con la Alcaldía para dar recursos para hacer eventos.

“Yo no trabajo allá pero mi esposo sí. Estoy desempleada, entonces vivimos y nos sostenemos gracias a la mina”, cuenta Gisela Zuleta Dávila, una de las jóvenes que recogió firmas en marzo. “La mina va y reparte cuadernos a los niños en el Pueblo de la Memoria cuando van a empezar a estudiar y apoyan mucho a los emprendedores. Si usted tiene un emprendimiento y manda un oficio a la mina, lo apoyan. Muchos emprendedores hoy en día tienen así su fuente de empleo”, agrega Zuleta.    

Desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustibles y Energética (Sintramienergética) también han denunciado falta de acción de la Agencia Nacional de Minería y los ministerios de Trabajo y de Minas para revisar lo que consideran irregularidad laborales. En particular, consideran irregular que Miner SA firme contratos de tercerización con personas que viven en El Carmen, a pesar del riesgo y el esfuerzo que implica trabajar en la mina. 

“La empresa nunca ha dado una estadística real de cuántos trabajadores tiene la empresa, ni cuántos son trabajos directos ni indirectos, ni cuántas son tercerizadas. Ese es otro fenómeno antilaboral. Una persona tercerizada tiene un salario mínimo y no puede acceder a los beneficios que tenemos nosotros, no tiene derecho a un aumento y cuando quieren lo echan o los contratas por un año, como dice la norma, lo echan y esperan dos o tres meses y lo vuelve a contratar”, dice Juan Pablo Taborda, presidente del sindicato. “Hay alrededor de 350 tercerizados”, agrega.

La puerta giratoria entre Miner SA y la Alcaldía

La Alcaldía de El Carmen de Atrato es funcional a la mina. Los tres últimos alcaldes que ha tenido el municipio han trabajado en Miner SA antes de ocupar el cargo de elección popular más importante del pueblo. Ese es el caso de Alexander Echavarría Agudelo, quien fue ingeniero en 2006; de Jorge Iván Bedoya, quien trabajó durante 25 años con la minera, y el del actual mandatario Jaiberth Ríos. Ríos, también fue presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustibles y Energética (Sintramienergética) e hizo parte del gabinete de Bedoya antes de aspirar a la Alcaldía. 

Algunos, una vez terminan su mandato, vuelven a formar parte de la nómina de la compañía, se convierten en un puente entre la comunidad y Miner SA, o terminan vinculados al sector minero. Este último es el caso de Agudelo, quien después de su paso por la alcaldía ha trabajado en distintas compañías asesoras o que suministran servicios a Miner SA como Gran Colombia Gold o Antioquia Gold. Bedoya, por su parte, es un referente en la comunidad por su papel como mediador entre las peticiones de la gente y las organizaciones sociales del pueblo y la minera. 

Miner S.A se ha convertido, además, en un actor estratégico, como ha reconocido el alcalde Jaiberth Ríos en más de una oportunidad. Según la Alcaldía, la compañía ha invertido recursos a través de la Alcaldía para apoyar la realización de la semana de la juventud, ha entregado dotación a la Umata y a la Secretaría de Salud, compró maquinaria para fortalecer emprendimientos locales y le ha prestado sus retroexcavadoras a la administración municipal para el arreglo de vías. En la página de Facebook de la Alcaldía de El Carmen de Atrato está presente la imagen de la minera en la promoción de cada evento o acción. Incluso, en algunos casos se difunde información institucional de la compañía en las redes de la administración municipal. Sin embargo, nunca ha habido una rendición de cuentas clara de la Alcaldía sobre los recursos que recibe de la empresa ni de Miner SA sobre cuánto dinero entrega cada año.

“El alcalde es amigo de la empresa, vulgarmente hablando. Todo es la mina, hasta la misma administración le pide a la mina. Entonces, a la hora de la verdad, pues quien maneja este pueblo es la empresa”, dice José María Lozano, concejal del municipio y quien trabajó como empleado de la empresa hasta inicios de abril. 

No solo los alcaldes de El Carmen han trabajado en la mina antes de ocupar sus cargos. Al menos cuatro de los miembros actuales del Concejo municipal están vinculados a la mina: Vicente Urán, Ramiro Castañeda, Marlon Yesid Montoya y Jhon Fredy Ceballos. Al preguntarle sobre los conflictos de intereses para hacerle control al accionar de la empresa, Lozano dice que no tiene ninguno. “Puedo hablar normal de la empresa. Hay un concejal que sí se declara impedido porque lleva la parte legislativa pero los demás no estamos impedidos, se hablan las cosas como son”, afirma. 

Capturando corazones y entidades públicas

La empresa ha asumido en los últimos años la tarea de invertir más en emprendimientos de algunos habitantes. Esto ha contribuido a crear una imagen positiva de la mina entre la gente, pues reemplaza a la Alcaldía en las acciones que son responsabilidad de esta. Los habitantes de la zona urbana y rural buscan a los funcionarios más reconocidos de la compañía ante el pueblo: el ingeniero Darney Ceballos o Jhon Deiby García, quien se encarga del relacionamiento social. Ellos se encargan de entregar bultos de cemento, almuerzos para reuniones, tejas, apoyo para grupos deportivos o comunitarios. Basta una llamada telefónica de alguno de ellos o una carta formal para los directivos de la empresa, para que se puedan tramitar los recursos. 

Alejandro Ortega, creador de la marca de café Cumbres del Atrato y quien hace poco recibió una máquina tostadora por parte de la empresa, cuenta que cuando los emprendedores necesitan apoyo para conseguir recursos económicos o materiales su primera opción es la mina. “Es una ayuda directa para resolver las necesidades y acelerar los procesos. Para este equipo (la tostadora) podría demorar más de un año ahorrando y ahora va a servir también para cursos con los jóvenes del municipio para atraerlos a la caficultura”, agrega.

El cumplimiento de las obligaciones ambientales de la minera siempre ha sido uno de los puntos de debate alrededor de la operación de la compañía en el municipio. Codechocó, la autoridad ambiental departamental, ha recibido críticas por su falta de control y vigilancia. La organización Siembra, que ha hecho seguimiento al cumplimiento de la sentencia del río Atrato, y la Fundación Mesa Social Ambiental, un colectivo de habitantes del municipio, cuestionan el seguimiento que hace Codechocó y las multas o sanciones que impone al encontrar irregularidades en los informes técnicos.

“No hay una correspondencia entre los informes técnicos de las visitas que hace Codechocó a la mina en los que alerta de ciertos incumplimientos, y la falta de apertura de procesos sancionatorios. No investiga o no pone multas para exigir el cumplimiento de las normas. Hay una pasividad muy grande en ese seguimiento ambiental”, dice Viviana González, subdirectora del Centro Sociojurídico Siembra. 

Codechocó solo ha actuado “drásticamente” sobre Miner SA en dos oportunidades: en 2017, cuando una parte de la presa de cola (una suerte de “piscinas” donde se depositan los desechos del aprovechamiento y transformación minera) se desprendió y los relaves cayeron al río Atrato. La autoridad ambiental cerró la mina durante una semana. En 2020, se averió uno de los tubos que dirigen los relaves desde la mina hasta la presa y los desechos cayeron sobre el río, que fue declarado sujeto de derechos por la Corte Constitucional y debería tener una protección especial. 

Por su parte, la Fundación Mesa Social Ambiental y la organización Siembra han alertado sobre la ausencia de Codechocó en las visitas conjuntas a la empresa para verificar si está cumpliendo las obligaciones ambientales. En julio del año pasado, Codechocó no asistió a uno de los recorridos a pesar que era uno de los compromisos pactados durante una audiencia pública realizada en febrero de 2019 para hacerle veeduría ambiental a la mina. “Hay muchas cosas que la empresa las puede hacer y las hace por falta de control, porque precisamente la autoridad ambiental en las visitas y recorridos siempre termina afirmando o validando todo lo que la empresa dice que hace”, afirma Marcela Sánchez, integrante de la Fundación Mesa Social y Ambiental. 

Uber Muñoz, quien estuvo trabajando 13 años en la compañía y, antes de su salida hace unas semanas, se desempeñó como operario de socavón, dice que las instituciones estatales suelen estar más cercanas hacia la mina. “Para nosotros es muy extraño el porqué cuando el Ministerio del Trabajo o la Agencia Nacional de Minería va a venir al municipio, la empresa lo sabe con 15 días de anterioridad. Entonces se preparan, organizan, cogen la mina y la quieren hasta mandar a trapear. Vienen en camionetas de la mina, se quedan en hoteles de la mina y comen en restaurantes de la mina. Nosotros nos preguntamos dónde está la imparcialidad”. 

Taborda cuenta que si bien ha habido avances en las garantías laborales, falta resolver peticiones de los trabajadores e invertir en el municipio. Al respecto, dice que varios trabajadores tienen problemas de rodillas y espalda, y que hay un grupo de siete personas que ha salido forzosamente sin una pensión porque se generó un corto circuito entre el tiempo trabajado cuando la mina era de los Gaviria. Además, asegura que le han pedido a la empresa inversión social sobre el municipio y que atienda sus responsabilidades ambientales para conservar el agua. 

“Les hemos dicho que al menos hagan un barrio minero, que colaboren con el hospital porque uno va allá y no hay especialistas. También, que arreglen la vía o hagan una alterna para evitar el ruido acá dentro del pueblo. La empresa no ha hecho inversión social”, dice. 

El futuro a su favor

La presencia de la minera El Roble parece estar lejos de desaparecer en el municipio. Ahora que el gobierno de Gustavo Petro está enfocado en impulsar la transición energética, la explotación del cobre también va a aumentar en el país. El Hub de Innovación de Cobre, que recoge a las empresas que explotan este mineral en el país, tiene proyectado que el país tendría la capacidad de producir entre 500.000 y 700.000 toneladas de cobre para 2030. 

Además, el nuevo Plan Nacional de Desarrollo plantea la asignación de 30 nuevas áreas para exploración y explotación de oro, materiales de construcción, cobre, níquel, cobalto, litio, tierras raras, entre otros que son necesarios para la transición energética. 

Camilo Prieto, Fundador de la ONG Movimiento Ambientalista Colombiano, explica que el cobre es indispensable para la fabricación de carros eléctricos y paneles solares, por nombrar algunos. “En la energía solar por cada megavatio necesito al menos 3.6 toneladas de cobre, en la eólica por cada megavatio necesito al menos 4.2 toneladas, un bus eléctrico necesita entre 220 hasta 370 kilos, 90 kilogramos”, dice. 

Esta proyección de la transición energética se complementa con los títulos que tiene la empresa en el municipio. Sin contar el título minero que está en proceso de prórroga, Miner SA tiene un contrato de concesión para explotar cobre, oro, plata, platino y sus concentrados. Además, tiene tres licencias de exploración: dos para los minerales anteriormente mencionados, y uno para arenas y arcillas. 

En veredas como Habita y La Argelia ya han visto volquetas de la empresa transitar y algunos líderes aseguran que aunque saben que están haciendo exploración, no les han socializado ninguna información sobre los trabajos que se están desarrollando. Una de las exploraciones que más ha preocupado es la que se está realizando alrededor del Carmelo, donde está la bocatoma del acueducto municipal. 

A pesar de que el cobre se proyecta como el mineral del futuro y los habitantes de El Carmen de Atrato son conscientes de su dependencia a la mina, piden por el desarrollo de otros sectores que fortalezcan la economía en el municipio. “Los jóvenes acá no tenemos más trabajo. La gente abandonó el campo y los jóvenes ya no somos capaces de sembrar. No voy a ir a sembrar cebolla o plátano como hacían antes. Uno quiere más oportunidades, por eso yo estudié”, dice Gisela Zuleta Dávila.