“Estábamos en nuestras casas preparando la comida cuando escuchamos los disparos. Me asusté y gritaba: ‘Ayúdame Dios’. Los niños salieron corriendo con el grupo y yo me escondí debajo de la casa, entre la madera”. Así recuerda María Olga Queragama, una indígena embera katío de 76 años, el momento en el que hombres armados del Eln y del Ejército Nacional incursionaron a su resguardo de Mesetas, en zona rural de Tadó, el 3 de agosto, el primer día del cese al fuego entre la guerrilla y el Gobierno.
María Olga estuvo más de una hora escondida hasta que todo quedara en silencio. Pero su esposo, Arcidiade Tunay, quien hace tres meses se cayó del puente que separa al resguardo de la carretera y no puede caminar, tuvo que quedarse solo en la casa construida de madera y a la que se accede por unas escaleras. Las 71 familias (con 198 habitantes) que integran la comunidad indígena de Mesetas, a una hora desde el casco urbano de Tadó, corrieron a la parte más alta de la montaña ante el miedo de ser alcanzados por las balas y pensaban que los hombres armados, tanto del Eln o del Ejército, estaban en sus viviendas.
Jairo Tunay, gobernador de Mesetas, cuenta que desde las 11 de la mañana de ese jueves vieron a hombres que creían que eran del Ejército sobre la carretera: “Estuvieron en la casita de la carretera, parecía que estaban conversando y a las tres horas (2 de la tarde) fue el enfrentamiento. Algunos guerrilleros se metieron por el río y la balacera se direccionó hacía la comunidad y alcanzamos a verlos cerca de las casas. Se escucharon varios disparos y la gente empezó a correr, a llorar y a gritar”. A las 5 de la tarde retornaron de nuevo a su resguardo y empezaron a revisar que nadie faltara. Dos niños, de 7 y 8 años, estuvieron desaparecidos hasta la medianoche pues en medio de la angustia se escondieron en un túnel.
A casi un mes de iniciar el cese al fuego entre el Ejército y el Eln que va hasta el 29 de enero de 2024, varios hechos demuestran que en Tadó no se ha cumplido. El 3 de agosto, durante el primer día del acuerdo, se puso en peligro a la comunidad de Mesetas con la incursión de los dos grupos; siguen las amenazas de la guerrilla a líderes indígenas, y hay menores de edad reclutados.
El miércoles de la semana pasada se divulgaron imágenes de la instalación de una bandera del Eln en el sector de Peñas del Olvido, vía Quibdó- Pereira. Aunque ninguna autoridad confirmó el hecho, los líderes indígenas de esta zona afirman que es normal que la guerrilla deje banderas y luego las quite. Las comunidades de Tarena, Peñas del Olvido, Mondó Mondocito y Mesetas están confinadas y algunas familias se han desplazado ante la presencia de grupos armados cerca de sus resguardos.
Durante este mes se han registrado dos desplazamientos en la comunidad de Mesetas con el fin de buscar ayudas humanitarias. Para la primera semana de agosto se fueron tres familias y el 18 de agosto, 63 familias decidieron abandonar el resguardo y desplazarse al corregimiento de Santa Cecilia, en la frontera entre Risaralda y Chocó. El martes (29 de agosto) retornaron a Mesetas para atender una visita de funcionarios de la Alcaldía, la Personería y la Unidad de Víctimas y recibir unos kits de alimentos, que sólo les alcanzará para unos días.
William Sintua, líder de la comunidad Mesetas, dice que sienten miedo porque la guerrilla pasó por sus viviendas y estuvo en su territorio. “Desde ese momento nosotros no hemos ido a traer comida y no hay nada de comer. Nosotros no podemos pasar de la quebrada ni de la carretera para arriba. Necesitamos que nos garanticen la comida y el alimento mientras estamos confinados. Hay miedo y por eso no podemos trabajar en el campo, no hay comida y estamos aguantando hambre. Nos toca una olla de arroz y de a poco. Los niños no están quedando llenos y más de uno está desnutrido, tienen dolor de cabeza y se enferman”, agrega Sintua.
El gobernador Jairo Tunay asegura que si ven de nuevo a la guerrilla se van del corregimiento. “Queremos andar sin miedo, nosotros traemos la comida a dos y a tres horas y ya no podemos caminar en paz. El Gobierno plantea paz, pero siguen los enfrentamientos, muchos civiles y campesinos sienten temor. Les pedimos a la guerrilla que cumplan la voluntad de paz”, recalca.
La presencia del Eln no solo preocupa a la comunidad de Mesetas. La Defensoría del Pueblo, regional Chocó, advierte que hay confinamiento y riesgo de desplazamiento en todas las comunidades indígenas del departamento. Además, según la Fundación Paz y Reconciliación, de los 30 municipios del Chocó, en 28 está el Eln y en 26 está el Clan del Golfo o las Agc.
La Defensoría ha alertado por extorsiones del Eln en el departamento y de disputas con las Agc. En la zona rural de Tadó, en junio de este año, la guerrilla quemó tres buses de las empresas Flota Occidental y Arauca en la vía Quibdó- Pereira ante el no pago de los transportadores a las vacunas.
Control social y confinamiento
En la zona rural de Tadó está presente el frente Cacique Calarcá del Eln. Líderes de varias comunidades indígenas sostienen que hay varias “reglas” que han sido impuestas por la guerrilla. Por ejemplo, no salen después de las 6 de la tarde, no pueden subir a las zonas más altas de sus resguardos, como tampoco se pueden movilizar a más de 10 kilómetros de sus cabañas por miedo de pisar alguna mina antipersonal. Tadó, según la Defensoría, es uno de los diez municipios del Chocó que está en alerta por la instalación de minas antipersonal y la presencia de municiones sin explotar.
En las veredas hay campos secos, sin cultivos, y no hay comercios sobre la carretera. El confinamiento ha llevado a que dejen de sembrar yuca, primitivo (un tipo de plátano), entre otros, y tampoco salen a pescar. Hoy los indígenas sienten que están en medio del Eln y el abandono de las autoridades.
“Solo al existir la presencia del grupo armado se deben seguir reglas y normas. En la noche se sabe que todos debemos estar encerrados, no podemos salir en el día a mercar, si alguien sale vigilan con quién habló y con quién se reunió. No se puede ir a cazar por tres horas o realizar otras actividades agrícolas como antes. En Tarena ya no se consigue chicha, ya no hay cultivos de maíz y todos se sienten confinados”, dijo un líder indígena quien pidió no mencionar su nombre por seguridad.
“Ahora sabemos que no podemos ir tan lejos. A las 7 de la noche toca estar quietos. Y caminar máximo una hora de distancia, a unos 10 kilómetros”, asegura Álvaro Valencia, líder de la comunidad de Mondó Mondocito.
Valencia cuenta que la situación cada día es más complicada por la falta de alimentos y aumento de casos de desnutrición. “No hemos podido ir de cacería porque, aunque nos acompaña la guardia, no tenemos totalmente identificado donde están las trampas explosivas (minas antipersonal). Creemos que están más lejos de nuestro territorio, a una hora caminando, pero hace dos meses un señor fue de cacería con un perro y el animal murió en una mina”. En mayo de este año explotaron dos minas en el corregimiento de El Tabor, cerca de este resguardo, donde resultaron lesionados varios soldados del Ejército.
En la comunidad de Mondó Mondocito, como en las demás, han abandonado actividades como pescar en la noche y ya no tienen cultivos de primitivo, yuca y lulo, que son los principales alimentos que componen su dieta. “No tenemos tranquilidad, en las noches no podemos dormir pensando que pasará algo o vigilando cualquier ruido, estamos con el ojo entreabierto”, dice Valencia.
Luis Murillo, defensor regional del Chocó, afirma que en las comunidades hay miedo y que están “secuestradas en sus territorios”. “En las comunidades hay denuncias por la utilización de menores y la instalación de trampas explosivas como estrategias para evitar el paso de otros grupos. Estas trampas son más difíciles de detectar”, asegura.
“Las comunidades viven de lo que se hace en el monte y salen a buscar y a cazar o a pescar para sus fincas y eso no lo están haciendo. La gente está secuestrada en su territorio, lo cual es más invisibilizado y menos atendido porque salir a las calles no les garantiza ninguna atención. La gente se queda en su territorio y si se desplaza termina en las cabeceras municipales, en un coliseo o en un parque”, agrega Murillo.
En los informes de la Defensoría se ha pedido el desminado de emergencia y tomar acciones para evitar el reclutamiento de los menores. “Las comunidades necesitan el desminado de emergencia para trabajar en sus cultivos, para moverse entre los resguardos y para hacer uso del territorio. Las comunidades nos dicen que no pueden ir a sus zonas sagradas ni conseguir las plantas que necesitan para las sanaciones”, puntualiza Murillo.
Eln sigue reclutando menores
Antes de que comenzara el cese al fuego, en la comunidad de Mondó Mondocito, a una hora caminando desde El Tabor, fueron reclutados dos indígenas, una niña de 14 años y un niño de 13 años.
Álvaro Valencia, líder de Mondó Mondocito, hace un llamado a la guerrilla a la paz y pide que no se lleven a los niños de su comunidad. “Queremos paz y que no nos quiten a los menores de edad. Se están llevando a nuestros indígenas y a los líderes nos están amenazando, pero no nos vamos a quedar callados”, asevera. La comunidad está compuesta por 122 familias (598 habitantes).
“En las comunidades indígenas no hay paz, hablan en televisión de paz, pero se están llevando a nuestros niños. Queremos paz y vivir la tranquilidad que tuvieron nuestros abuelos”, agrega Valencia.
La guardia indígena fue amenazada al tratar de recuperar a los menores y los líderes piden que sean entregados a la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, no hay respuesta del Eln. “Ellos (la guerrilla) entran a las comunidades y convencen a los niños de llevarlos y ahora no sabemos dónde están. Las familias llevan este dolor, la mamá llorando rogaba que la regresaran y hasta la amenazaron. Sabemos que, si intentan escaparse, los matan”.
“No hemos notado ningún cambio, no hay paz. Si hubiera paz no estarían llevándose a los menores y amenazando a los líderes, a los guardias indígenas y a las mujeres. ¿Dónde queda la paz? Pedimos al Gobierno que ayude a nuestros indígenas, sentimos miedo y pedimos que nuestro territorio esté en paz”, puntualiza Valencia.
Otro líder de la comunidad, quien pide no mencionar su nombre, comenta que hay desesperanza en los jóvenes a causa de la violencia. “Estamos preocupados porque se nos están llevando a los jóvenes. Ellos (la guerrilla) conquistan a los jóvenes con mentiras y luego descubren que no es así, luego de que se van los regresan muertos o simplemente desaparecen”, recalca. Además, como ya lo ha advertido la Defensoría del Pueblo, han aumentado los casos de suicidio en las comunidades indígenas siendo una de las causas principales la violencia.
Autoridades verifican la situación de violencia
A pesar de la grave situación que se vive y de que la guerra ha tocado las puertas de las casas de los indígenas, la actuación de las autoridades locales ha sido mínima. Solo hasta el martes 29 de agosto, tres semanas después del incidente entre el Ejército y el Eln en Mesetas, la Personería, Unidad de Víctimas y funcionarios de la Alcaldía llegaron hasta la comunidad y entregaron kits de alimentos para unos días.
Yirson Ledezma Martínez, personero de Tadó, pide a la administración municipal que evalúen otras ayudas humanitarias y acciones. “Sabemos que hay presencia del Eln. Ellos al parecer hicieron unos disparos a esa tropa y lo peligroso es que estamos ante un cese al fuego. Tenemos que verificar los hechos y revisar si efectivamente hay o no garantías para las comunidades”, agrega.
Ledezma asegura que se debe verificar tanto el confinamiento como la incursión del Eln y el Ejército. “Hoy fue Mesetas, pero no sabemos luego qué puede pasar. No pueden poner en riesgo a la población civil porque estarían quebrantando las normas del derecho internacional humanitario”, puntualiza.
Líderes del resguardo Peñas del Olvido, comunidad cercana a Mesetas, también han comunicado a la Personería que tienen miedo de la situación de violencia. “Como están al lado de Mesetas sienten que hay presencia de hombres armados. Dicen que vieron a un hombre del Eln pero eso hay que verificarse”, dice Ledezma.
Ni en la Personería ni en la Defensoría se han reportado nuevos casos de extorsiones y de ataques por parte del Eln en la zona rural de Tadó. Desde la brigada del Ejército Nacional informan que mantienen las operaciones sobre el eje vial para garantizar la seguridad y que no se han tenido más incidentes con la guerrilla desde el 3 de agosto en la comunidad de Mesetas.
Las comunidades piden paz
Jorge Cárdenas, presidente de Orewa (organización indígena del Chocó), advierte que la violencia no ha cambiado. “No nos hemos beneficiado en nada del acuerdo de paz. Pedimos que la voz de las comunidades indígenas sea escuchada, somos los que hemos sido víctimas de la guerra. Como movimiento indígena pedimos vincular a todos, que no solo quede plasmado en un acuerdo, sino que se haga efectivo en el territorio”.
“La gente no puede salir en el día porque tiene miedo de las minas. Seguimos abandonados y a merced de cualquier grupo (…) Hay una sensación de zozobra, de confinamiento y reclutamiento”, asevera.
Cárdenas afirma que ningún resguardo está tranquilo. “Anhelamos que llegue una paz real, una paz total con todos los grupos armados. Hablan de paz, pero en la selva y en los resguardos tenemos campos minados y por eso estamos confinados. No hacemos actividades ancestrales como antes, los cultivos están abandonados y nuestros hijos están aguantando hambre”.
“El Choco sigue siendo un atractivo para los grupos armados porque todo tiene que pasar por acá. Hemos perdido muchos jóvenes que están presos o muertos. Necesitamos arrebatarle los jóvenes a la guerra”, agrega Élber Andrade, integrante de Orewa.
A pesar de que algunas comunidades se han desplazado ante el miedo, otras se resisten a abandonar sus resguardos: “Si me muero, me muero reclamando por mi pueblo, por eso me eligieron. Siento miedo de que nos pase algo, pero no nos iremos”, sentencia Álvaro Valencia, líder de Mondó Mondocito.