Desde hace cuatro meses el tiempo no avanza para Darío Ibáñez. Perdió la capacidad de percibir el paso del tiempo desde que el mundo se le empezó a presentar bajo una capa borrosa, de humo. Así es como Darío explica lo que ve con su ojo izquierdo, el único que le funciona todavía. Por el derecho ya no ve nada. Solo oscuridad. Reginaldo Solano, un hombre en situación de discapacidad, no pudo acompañar a su papá en su cumpleaños número 100, porque desde hace cinco meses una fractura de fémur lo dejó postrado en una cama. Tanto Darío como Reginaldo están a la espera de una cirugía, pero sus entidades prestadoras de salud aún no les dan una fecha.
El 4 de noviembre del año pasado, Darío, Reginaldo y 273.029 usuarios de la EPS Comfaguajira recibieron la noticia de que serían trasladados a ocho EPS distintas porque había comenzado el proceso de liquidación de esa entidad promotora de salud. La Superintendencia Nacional de Salud, la entidad encargada de proteger los derechos de los usuarios y usuarias del Sistema General de Seguridad Social, anunció ese día la intervención forzosa de Comfaguajira luego de comprobar que tenía demasiados problemas operativos y de calidad que representaban múltiples riesgos para las personas: barreras en el acceso a la afiliación, demoras en la entrega de medicamentos y programación de cirugías, deficiencias en la toma de exámenes de laboratorios, falta de acceso a medicina especializada y servicios de alto costo, entre otros. Todos estos inconvenientes se evidenciaban en las múltiples acciones de tutelas que los usuarios instauraron ante la Superintendencia. Además, la EPS también tenía problemas financieros: al momento del cierre, debía 56.067 millones de pesos.
La decisión de la Superintendencia se veía venir. Comfaguajira había permanecido bajo vigilancia especial de la entidad durante más de dos años. La medida preventiva, que se inició el 4 de marzo de 2020, había sido prorrogada dos veces para lograr que la entidad mejorara sus indicadores. Ulahi Beltrán López, superintendente de Salud, finalmente ordenó la toma inmediata de posesión de los bienes y negocios de Comfaguajira y la intervención forzosa administrativa para liquidar la entidad, argumentando que la situación ponía en riesgo la vida de los afiliados. El proceso está pronosticado para durar dos años.
“Las continuas prórrogas ordenadas solo evidencian que Comfaguajira fue renuente a atender los reiterados requerimientos de la Supersalud, razón por la que se hace necesario tomar acciones de fondo que impidan la vulneración de los derechos de sus afiliados”
Ulahi Beltrán López, superintendente de Salud, durante la rueda de prensa en la que se anunció la liquidación en noviembre de 2022
La mayoría de afiliados de Comfaguajira fueron trasladados automáticamente a Cajacopi, la Nueva EPS, Sanitas, EPS Familiar de Colombia, y Anas Wayuu Epsi. Otros usuarios, en menor proporción, fueron asignados a Salud Total, Coosalud y A.I.C. Epsi. La decisión de a qué entidad pertenecían fue tomada por el sistema, y quien no estuviese de acuerdo con la elección debía esperar 90 días para tramitar el cambio. Según la Supersalud, las nuevas EPS debían garantizar la atención básica a las personas en sus municipios de residencia y asumir los traslados para los trámites que necesitaran los usuarios. En una respuesta enviada por la Supersalud a Consonante en noviembre de 2022, la entidad reconocía que era posible que para algunos procedimientos los pacientes requirieran nuevas valoraciones por parte de las EPS asignadas, pero decía que esto no debía implicar una “regresividad” ni alterar la continuidad de los tratamientos.
Comfaguajira debía hacerse responsable de entregar a las EPS receptoras la información de los servicios autorizados a sus usuarios que a la fecha de la asignación no hubieran sido prestados, para que la nueva entidad asignada continuara el trámite. Estos tratamientos serían responsabilidad de las nuevas EPS asignadas. En cuanto a la obtención de medicamentos, las personas debían dirigirse a sus nuevas EPS para conocer el procedimiento a seguir para reclamarlos. Es decir, de acuerdo con el Estado, las EPS receptoras —que en algunos casos también presentan problemas financieros y administrativos— iban a garantizar a los pacientes el acceso a los servicios de salud.
Sin embargo, pocas semanas después del inicio del proceso de liquidación empeoraron los problemas de sus antiguos afiliados. Muchas personas tuvieron que empezar desde cero los trámites para obtener medicamentos o las citas con especialistas y las cirugías programadas fueron canceladas; las autorizaciones para la entrega de medicamentos, suspendidas.
“Dijeron que íbamos a seguir con los tratamientos, pero tocó comenzar desde medicina general. Nadie me llama para darme una cita, nada. Es muy triste esta situación y mire todo el daño que le hacen a los pacientes”
María Barrios, ex afiliada de Comfaguajira
La madre de María Barrios tiene 77 años y sufre de Párkinson desde el 2020. Esta es una enfermedad progresiva que afecta el sistema nervioso y las partes del cuerpo controladas por los nervios. Antes del inicio del proceso de liquidación de Comfaguajira, la madre de María tenía una cita programada con el neurólogo, que es el especialista encargado de hacer los controles de su enfermedad. Desde diciembre hasta febrero María debió comprar el medicamento para su mamá, porque los empleados de Cajacopi le decían que estaba agotado.
En algunos casos, las barreras en el acceso a los servicios de salud aumentaron después del primer mes del anuncio del inicio del proceso de liquidación. Volver a conseguir las citas, los exámenes de laboratorios, las autorizaciones de los medicamentos e incluso el cambio en el lugar de atención, afectaron los tratamientos en curso.
Para María Ángela Araújo, la demora para reagendar una nueva fecha para operar a su padre de cataratas ha traído consigo una nueva enfermedad para él: la depresión. Esto sin contar que con cada día que pasa disminuyen las posibilidades de que su padre recupere la visión de su ojo derecho. Su hija ve con preocupación cómo cada día que pasa, su padre va perdiendo autonomía y acciones como caminar deben ser supervisadas por alguien. “Tenemos que estar pendiente de él todo el tiempo, tenemos miedo de que se nos caiga por no poder ver bien”, dice.
Los afectados
Decenas de testimonios como el de María llegaron durante las primeras semanas de noviembre al número de Whatsapp de Consonante. En 20 días el equipo periodístico recibió al menos 32 preguntas relacionadas con dudas sobre procedimientos a seguir y qué hacer ante barreras para continuar con tratamientos. “Me gustaría saber dónde será mi atención ya que me atendían en la Fundación Vida Con Amor. Tengo una bebé y ahí es donde le realizan sus controles”, escribió una usuaria. “Estoy preocupada por el cambio de EPS de mi padre ya que él tenía una cirugía de los ojos y con todo esto se ha atrasado”, dijo otra mujer.
El 6 de febrero Consonante publicó un anuncio en Whatsapp y en las redes sociales dirigido a antiguos afiliados de Comfaguajira que quisieran contar los inconvenientes que estaban teniendo para acceder a servicios de salud a escribirnos. En tres días, 14 personas contactaron al equipo a través de llamadas y mensajes de texto. A partir de entonces, el equipo Consonante permaneció en contacto —a través de llamadas, mensajes de voz o de texto en Whatsapp— con cinco de estas personas para documentar sus casos. Estas son sus historias.
Caso 1: Darío Ibáñez
Edad: 72 años
Lugar de residencia: San Juan del Cesar
Enfermedad: Cataratas
Acudiente: María Ángela Araújo (hija)
Hace dos años, Darío Ibáñez se miró una tarde en el espejo y se dio cuenta que ya no podía ver bien por su ojo derecho. A sus 72 años notó que todavía alcanzaba a distinguir colores y formas, pero veía borroso. Al comienzo, pensó que se le quitaría, pero con el paso de los meses comprobó que algo no andaba bien con su ojo.Tenía una nata, como él le llama hasta hoy. “Voy a perder la vista, voy a perder la vista”, se repetía cuando se miraba en el espejo. Una opacidad en el cristalino del ojo derecho, conocido como catarata, le ha hecho perder la vista. Darío es ebanista, pero desde que las cataratas avanzaron sobre su ojo no pudo volver a trabajar. “Ya no soy nada”, dijo al otro lado del teléfono en febrero de este año. “Por uno ya no veo y por el otro solo veo puro humo”, explica.
Darío consultó a un oftalmólogo, quien le dijo que debía operarse. En Comfaguajira, le programaron una cirugía para octubre, y cuando todo parecía listo para el procedimiento, el cardiólogo que necesitaba para supervisar el stent coronario que tiene, no llegó. “Ese día pasó todo el día sin comer, esperando la cirugía. No entendemos por qué el cardiólogo no llegó, nos parece que hubo negligencia”, dice su hija, María Ángela. El 4 de ese mes la Superintendencia Nacional de Salud emitió la resolución de liquidación de su EPS, Comfaguajira. A la semana siguiente se enteró que había sido trasladado a Cajacopi y que su cirugía había quedado en el limbo. Para volver a programarla, Darío debía hacerse nuevamente todos los exámenes previos, incluyendo los del corazón. Luego, debía verlo un internista que autorizara la cirugía.
“Todo lo que se hizo se perdió, tocó volver a empezar el proceso prácticamente”, dice su hija María Angela Araújo, quien junto a la esposa de Darío se ha encargado de acudir personalmente a las oficinas de Cajacopi en San Juan del Cesar para ver si logran conseguir una cita.
“Nos dicen que no hay citas, que el sistema está caído y que vuelva al día siguiente. Nosotros entendemos, Cajacopi ha recibido mucha gente de Comfaguajira y apenas hay dos personas que atienden, pero ver así a mi papá me desespera”
María ángela Araújo, ex afiliada de Comfaguajira
María Ángela dice esto porque además del deterioro de la vista de su padre ha visto como la falta de certezas ha afectado el estado de ánimo de su padre. “Lo más preocupante es la depresión que se le ha empezado a manifestar, mucha rabia, mucho desespero y mucha angustia. Es un hombre que todavía es útil, entonces de un momento a otro quedar en ese estado ha sido un golpe muy duro para él”, cuenta.
En octubre, la familia de Darío decidió renovar la compra de plan de salud ofrecido por una empresa privada llamada Publi Salud, del que han sido clientes los últimos 10 años. Este le permite acceder a citas con especialistas en menos tiempo por un costo de 38.000 pesos. Sin embargo, la cirugía que necesita para sus cataratas tiene un valor de 2.000.000 de pesos, algo que su familia no puede costear. “Con mucho gusto lo haríamos, pero no tenemos la forma”, dice María Ángela.
Jesús Ortega Bolaños, médico epidemiólogo y docente del Departamento de Salud Pública de la Universidad Nacional, afirma que no entiende cómo se puede retrasar tanto un procedimiento como este. “El caso se resuelve fácilmente si hubiera una gestión oportuna, independientemente de si la EPS está en liquidación o no. Podría solicitarse la atención a través de una red alterna donde se direccione al paciente a otra ciudad o a otro municipio para que le hagan la cirugía. Hoy en día las cataratas se pueden operar casi ambulatoriamente y es un servicio que está incluido dentro del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC (unidad de cargo por capitación), por tanto no tendría inconvenientes siempre y cuando se autorice por el liquidador”, comenta.
A inicios de febrero la misma historia se repitió: el cardiólogo tampoco llegó. Esta fue reprogramada para el 19 de marzo. Pero Darío no se muestra optimista frente a esta nueva fecha. Dice que si se la vuelven a aplazar va a iniciar el proceso para cambiarse de EPS y poner una acción de tutela. Ortega Bolaños explica que este “es uno de los mecanismos que se interponen para que la EPS cumpla con su responsabilidad de gestionar y entregar los medicamentos para que los pacientes puedan seguir con el manejo integral de su patología”. Dice que aunque algunos casos son resueltos, muchos se demoran demasiado en ser atendidos. Por eso, recomienda usar otros mecanismos como la acción directa en la Supersalud e insistir en el acompañamiento de las personerías en cada municipio.
Sin embargo, Haroldo Estrada, médico del Centro Oncológico del Caribe en Cartagena, afirma que el avance del tiempo disminuye las posibilidades de recuperar la vista de los pacientes que sufren de cataratas. Estrada, quien atiende pacientes que desarollan cataratas debido a tratamientos contra el cáncer, explica por qué: “Cuando las personas tienen cataratas les retiran el cristalino que está opaco y le ponen un lente intraocular, entonces sin esa opacidad, el paciente recupera la visión. Pero si se deja pasar mucho tiempo y no se soluciona, puede atrofiarse el nervio óptico y esto sí puede comprometer la visión”.
Caso 2: Paula Rodríguez de Barrios
Edad: 77 años
Lugar de residencia: Fonseca
Enfermedad: Párkinson
Acudiente: María Barrios (hija)
La madre de María se llama Paula Rodríguez y tiene la enfermedad de Párkinson, un trastorno neurológico degenerativo, que comenzó hace tres años, en 2020. Al inicio, el Párkinson de Paula se manifiestó con temblor en las manos, luego, otros síntomas comenzaron a aparecer como lentitud en los movimientos y muy poca fuerza en los músculos. Con el paso del tiempo, la movilidad de Paula se vio reducida.
En noviembre del año pasado, Paula fue trasladada a Cajacopi, y desde entonces, tanto el tratamiento de su enfermedad como las citas con los especialistas, internistas y neurólogos quedaron suspendidas. Tuvo que esperar cerca de tres meses para que la EPS le entregara la dosis que necesita de Prospecto Stalevo, el medicamento que debe tomar diariamente para controlar los síntomas de su enfermedad. Durante ese tiempo, su hija tuvo que comprar la medicina. Cada caja le costó 130.000 pesos incluyendo los costos del envío desde Barranquilla hasta Fonseca, en el sur de La Guajira.
“Las demoras venían desde que estaba en Comfaguajira. En la droguería me decían que la droga estaba agotada desde hace mucho tiempo, pero ahora que la movieron para Cajacopi es lo mismo”
María Barrios, ex afiliada de Comfaguajira
Paula no solo tuvo que esperar para recibir el medicamento que necesitaba, sino también para recibir un dispositivo que debe utilizar por las noches para dormir mejor: un CPAP, que es un respirador que permite que el oxígeno llegue más rápido a su cerebro. Su hija lo solicitó en enero, pero tan solo lo recibió un mes después en su casa. “Se la pongo todas las noches antes de dormir, mínimo por cuatro horas y le ayuda bastante”, dice su hija.
A comienzos de marzo, un neurólogo recomendó que Paula dejara de tomar el medicamento que tanto le había costado a su familia conseguir pues este le estaba produciendo efectos adversos. “Le estaba cayendo mal. En una ocasión le produjo alucinaciones”, cuenta María. Por este motivo, están haciendo los trámites para lograr que un neurólogo especializado en Párkinson radicado en Barranquilla pueda atenderla para evaluar qué tratamiento aplicar.
Caso 3: Reginaldo Solano
Edad: 67 años
Lugar de residencia: Fonseca
Enfermedad: Fractura de fémur
Acudiente: Avelino Solano (hermano)
Reginaldo Solano tiene 67 años y ha esperado durante más de tres meses una cirugía que le permita levantarse de la cama. Reginaldo vive en Fonseca y desde pequeño sufre una discapacidad que le impide mover sus piernas. A pesar de esto, lograba moverse con cierta libertad por las calles del pueblo gracias a un triciclo diseñado a medida. Lo utilizaba para prestar servicios de mensajería o podar árboles. Hacía casi cualquier actividad, pues tal y como explica su hermano Avelino, Reginaldo hacía “lo que saliera”. Pero el 19 de octubre del año pasado el hombre se fracturó el fémur a la altura de la cadera durante un accidente en el triciclo. Desde entonces, está postrado en una cama a la espera de una cirugía que estaba programada para el 2 de diciembre de 2022.
La cirugía de Reginaldo quedó suspendida como consecuencia del inicio del proceso de liquidación de su EPS, Comfaguajira. Reginaldo fue reasignado por el Ministerio de Salud a la EPS Sanitas, pero hasta la fecha no ha tenido noticias de su intervención. “Me tocó iniciar de nuevo, cuando ya todo estaba listo. He conseguido a medio palo que lo atiendan, pero no es lo mismo que con Comfaguajira. Me siento muy frustrado e insatisfecho al ver que las cosas no se dan como debe ser”, dice Avelino.
Su hermano se ha encargado de hacer los trámites necesarios para la operación, ya que los padres de ambos —con quienes vive Reginaldo— son de la tercera edad y no pueden asistirlo. Avelino asegura que la falta de movilidad ha afectado la salud mental de su hermano.
“Él no estaba acostumbrado a estar echado ahí en una cama, esperando esa cirugía. Yo veo cómo ha desmejorado su estado de salud, lo veo muy triste”
Avelino Solano, hermano de Reginaldo Solano
Para reprogramar la cirugía de Reginaldo, es necesario que un ortopedista lo atienda y autorice el procedimiento. A comienzos de febrero, lograron tener una cita con un ortopedista en Fonseca, pero el médico le dijo que era necesario remitirlo a Barranquilla para que otro especialista lo revisara y estableciera una fecha para la intervención. “No estoy de acuerdo con eso, para llevar a Barranquilla a una persona en condición de discapacidad debe hacerse en una ambulancia, y esa gestión es un calvario. ¿Por qué no lo pueden operar en San Juan o en Valledupar?”, se pregunta Avelino.
Luis Guerra, médico ortopedista del Hospital San Diego de Cereté y del Hospital San Vicente de Paúl de Lorica, afirma que es importante que una fractura como la que sufrió Reginaldo sea atendida en las primeras 72 horas después del accidente. Esto evita que se presenten complicaciones que puedan afectar la movilidad del paciente a futuro. Además, comenta que largos periodos de inactividad, como aquellos a los que ha estado sometido Solano al estar acostado en una cama, pueden llevar a que las articulaciones se vuelvan rígidas. Esto prolongaría el tiempo de rehabilitación, algo que también afectaría su situación anímica y familiar. “Cualquier lesión que afecte de la cadera al pie altera la deambulación, que le permite a las personas relacionarse con el medio en el que se desenvuelve. El hecho de que se no se le brinde el manejo oportuno, adecuado y pertinente, causa un impacto en su familia y en su condición psicológica”, dice.
Avelino teme que ahora la necesidad de conseguir una autorización para contar con una ambulancia retrase, una vez más, el proceso de su hermano. “La otra vez que tocó transportarlo a Riohacha le pedí el favor al alcalde, que me ayudó a gestionarla rápido, pero ya hasta Barranquilla es otro cuento”.
Caso 4: Jean Carlos Calderón
Edad: 38 años
Lugar de residencia: San Juan del Cesar
Enfermedad: Esquizofrenia paranoide
Acudiente: Miriam Calderón (mamá)
Miriam Calderón tiene 66 años y regresó a San Juan del Cesar hace siete luego de pasar más de 20 años en Venezuela. Su esposo falleció en ese país y Miriam regresó con sus cinco hijos a Colombia. Uno de ellos, Jean Carlos, sufre de esquizofrenia paranoide y depende de Miriam para subsistir. Para controlar los síntomas de la enfermedad, Miriam le suministra a Jean Carlos dos medicamentos: Clozapina y Olanzapina. Mientras estuvo afiliado a Comfaguajira, Jean Carlos recibía estos medicamentos mensualmente.
Sin embargo, desde el inicio del cierre de Comfaguajira no los ha vuelto a recibir. El proceso ordenado por la Supersalud dejó en evidencia un problema que Miriam había logrado sortear gracias a un conocido que tenía en la EPS: su hijo aún tiene documentos venezolanos y no ha regularizado su situación migratoria. Por eso, todavía no ha sido trasladado a alguna EPS que pueda garantizar el tratamiento de su enfermedad. Alejandro, su hermano, enfrenta una situación similar y afirma que les dijeron que la única salida es que les manden unos documentos apostillados desde la notaría donde fueron registrados en Venezuela, un trámite que no pueden pagar.
Estos cuatro meses han sido críticos para Jean Carlos y desgastantes para Miriam. Ella dice que su hijo cada día está más irascible y teme que pueda ser violento. Entre los síntomas que Miriam ha identificado en Jean Carlos por la suspensión de la medicina incluye balbucear palabras o frases que resultan incomprensibles, sufrir ataques emocionales repentinos y, en algunos casos, violentos, y sufrir movimientos involuntarios de algunas partes de su cuerpo. “Además, no se está alimentando como es debido”, agrega Miriam.
Miriam no tiene un trabajo estable. Lo poco que gana lo consigue haciendo labores domésticas en casas de familia. A veces debe elegir entre darle de comer a su hijo o pagar el transporte a la Alcaldía o la Personería para averiguar, una vez más, qué pueden hacer por él para solucionar el problema de su documentación.
"Esto no es vida"
Miriam Calderón, madre de Jean Carlos Calderón
Jesús Ortega Bolaños explica que “la esquizofrenia es una enfermedad muy compleja de manejar y requiere una medicación sostenida en el tiempo”. El especialista en salud pública afirma que el tratamiento no solo impide el deterioro progresivo del sistema neurológico, sino que disminuye las posibilidades de que ponga en riesgo su vida o la de su comunidad. “Es fundamental que pueda dársele una atención integral por psiquiatría”, afirma.
Mientras encuentran una solución para sus documentos, Miriam y Alejandro recorren el pueblo buscando ayuda. “Mi mamá tiene que estar buscando todo el día a ver quién le puede regalar el medicamento o comprarlo, pero a veces ni se consigue”, comenta Alejandro. De vez en cuando, cuando su mamá está ocupada trabajando, él mismo sale a buscar los remedios. “Ella no puede estar así. Yo veo a mi hermano cada día más deteriorado y no veo una pronta solución”.
Caso 5: Emuélides Pitre
Edad: 86 años
Lugar de residencia: Fonseca
Enfermedad: Cáncer de próstata
Acudiente: María Barrios (vecina)
Eumélides conoce de cerca la devastadora fuerza del cáncer. Hace dos años vio morir a su propio hijo de un cáncer de garganta que se lo llevó de forma rápida y dolorosa. Antes, en 2019, había visto partir a su hija como consecuencia de una neumonía en un hospital de Valledupar. Eumélides quedó solo con su esposa, de 83 años. Hace ocho años Eumélides fue diagnosticado con cáncer de próstata, y desde entonces ha recibido quimioterapia y radioterapia. Aunque tiene un tumor, los médicos han descartado una operación porque le descubrieron una insuficiencia cardíaca que lo pondría en riesgo durante el procedimiento.
Hace un par de años recibe un tratamiento hormonal con goserelina que regula la producción de testosterona, hormona que está vinculada al crecimiento de células tumorales en la próstata. Este debe recibirlo mensualmente en Barranquilla. Mientras estuvo afiliado en Comfaguajira, la EPS cubría el costo de un servicio de transporte puerta a puerta que lo llevaba desde Fonseca hasta la capital del Atlántico para hacer el tratamiento. Además Eumélides podía reclamar viáticos para cubrir sus gastos en los que incurriera si su estadía tardaba más de un día.
Pero con el cierre de Comfaguajira, Eumélides fue trasladado a la Nueva EPS. Ahora, debe tomar un bus de Expreso Brasilia que lo deja en el terminal o en el punto más cercano al centro de salud. Ya no tiene acceso a viáticos que le podrían servir para cubrir el transporte hacia el centro de salud.
María, una vecina, está pendiente del tratamiento de Eumélides y suele acompañarlo a las citas médicas. El tratamiento para el cáncer le ha generado cataratas y cada vez ve menos, es por esto que María había hecho una petición ante la EPS para que el tratamiento se lo dieran en Valledupar, a un poco más de una hora de Fonseca, y así evitar el viaje de seis o siete horas hasta Barranquilla. Pero ahora que quiere hacer una nueva solicitud para que le den los viáticos a Eumélides o que por lo menos le garanticen un servicio de puerta a puerta, le dicen que debe acercarse al punto atención más cercano, en el municipio de Barrancas. Esto, para María, es un desgaste para los usuarios. "No entendemos por qué no hay un punto de atención aquí en Fonseca, los viajes a otro municipio nos quitan tiempo y son un gasto adicional. Nos la ponen muy difícil".
“Su tratamiento es ahora más sencillo que el de una quimioterapia, pero él es un señor de 86 años y sale muy débil de las sesiones”
María Barrios, vecina de Eumélides Pitre
María Andrea Godoy, exviceministra de Protección Social explica que es importante tener en cuenta el costo de los desplazamientos a la hora de transferir a los afiliados de una EPS a otra. Godoy asegura que los costos de los pacientes en departamentos como La Guajira pueden ser más altos, porque la población tiene otras necesidades como transporte de largas distancias a otras ciudades y departamentos.
Para el doctor Haroldo Estrada, médico oncólogo del Centro Oncológico del Caribe y profesor de oncología de la Universidad de Cartagena, es una cuestión de reducción de costos pues el cáncer es catalogado como una enfermedad de alto costo, por la tecnología de los medicamentos y de los dispositivos para su tratamiento. “Lo ideal sería que los pacientes pudieran recibir los tratamientos lo más cerca posible, pero algunos centros de salud simplemente no cuentan con la infraestructura y los recursos para tenerlos. Es por eso que se les envían a las clínicas que tienen esta capacidad. He tenido pacientes que vienen desde el sur de Bolívar y pueden demorarse hasta 20 horas”, dice.
Para Estrada los pacientes con cáncer necesitan, además de cuidados especializados en el tiempo oportuno, un soporte social. “Por ley se debe garantizar el servicio de transporte y estadía durante el tratamiento y este debe hacerse en las mejores condiciones posibles dependiendo de las necesidades del paciente, pero además, es importante que cuente con una red de apoyo, como familiares, para brindarle apoyo físico y emocional”.
Aunque Eumélides tiene nietos, es María la que ha estado al frente de su tratamiento. Sin embargo, ahora que su mamá está teniendo dificultades, producto del avance del Párkinson, debe estar más pendiente de ella.“Tengo que hablar con la familia para que se apersonen de su situación y que estén pendientes. Ahora me toca estar con lo de mi mamá, que la tengo malita”, dice.
Si usted estuvo afiliado a Comfaguajira y tiene problemas para acceder a los servicios de salud o conoce a alguien en una situación similar, puede ponerse en contacto con Consonante a este número: 305 9399293
Créditos
Investigación, texto e ilustraciones: Camila Bolívar
Interacción con audiencias: Alexandra Delprado
Edición: Carolina Arteta
