La tierra con la que sueña Héctor Vergara es la que pisa, cultiva y habita hace 10 años. Son cinco hectáreas que fueron defendidas por campesinos del municipio El Carmen de Atrato como él, en el momento más álgido del conflicto armado, en medio de tomas guerrilleras, asesinatos selectivos y desplazamiento forzado.
Héctor conoce los cultivos de papa, frijol, cebolla y cilantro que se producen en la vereda Agualinda como si los cultivara todos él mismo. Pero la tierra, que es trabajada por sus habitantes, no es de él ni de las personas que levantaron el pueblo, pues nadie tiene títulos de propiedad ni derechos de uso.
“Esta tierra nos la hemos ganado porque son más de 20 años resistiendo y cultivando”, dice Froilán Zapata, un líder campesino que dirigió la Organización de Campesinos Caficulturores de El Carmen de Atrato (OCCAA).
Zapata lidera la lucha por las escrituras de ese territorio, pues no tenerlas, dice, obstaculiza el acceso a derechos fundamentales y servicios básicos. “No se construye una guardería ni una escuela para los niños porque no hay escrituras, no hay acueducto porque no hay escrituras, no hay inversión porque no hay escrituras, no hay un proyecto de vivienda de interés social para las familias por lo mismo”, explica Zapata.
"No se construye una guardería ni una escuela para los niños porque no hay escrituras, no hay acueducto porque no hay escrituras, no hay inversión porque no hay escrituras, no hay un proyecto de vivienda de interés social para las familias por lo mismo"
Froilán Zapata, lider campesino
Según Zapata, parece que la gente en El Pueblo de la Memoria Histórica “no fuera sujeto de derechos y es población víctima del conflicto armado”.
Para las familias campesinas, la formalización de la tierra es muy importante, explica el abogado Sergio Coronado, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), porque, “garantiza la seguridad jurídica sobre la tenencia de esa tierra y permite un reconocimiento del Estado, las comunidades, los vecinos y organismos públicos sobre quiénes son los titulares de los derechos”.
Sin embargo, dice, “lo que realmente transforma la vida de la gente del campo” es tener acceso y control sobre las tierras. Por una parte, poder desarrollar labores agrícolas y acceder a los recursos, especialmente a la producción de alimentos y, por otra, tomar decisiones sobre qué se hace en el territorio sobre el cual tienen derechos. En el Pueblo de la Memoria Histórica, la gente no tiene garantías sobre ninguno de estos aspectos: ni formalización ni acceso ni control.
La resistencia durante el conflicto
En los años noventa, Agualinda era un pueblo fantasma desprotegido por el Estado y disputado por las Farc, el Eln, el Erg y los grupos paramilitares. Sobre la maleza se alzaban algunas casas de madera, un convento de monjas y el Hospital Sanatorio Antituberculoso de El Carmen de Atrato, que fue abandonado y saqueado.
Aquella tierra era inhabitable para las personas, porque parecía que solo corría la muerte por ella. Durante tres años, desde el 1996 y hasta 1999, las personas fueron víctimas de asesinatos selectivos, masacres, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores de edad.
En medio de esa situación, algunos campesinos del Carmen de Atrato pensaban que si se mostraban valientes y autónomos ante los grupos armados, sin colaborar con ningún bando, podían proteger su territorio del conflicto a través de lo que mejor sabían hacer: cuidar y cultivar la tierra.
Fue así como alrededor de 80 familias se establecieron en Agualinda como un movimiento de resistencia pacífica. Los campesinos se alzaron contra la violencia y apostaron por el diálogo para convencer a los actores armados de respetar la vereda. En el 2014 decidieron llamarle El Pueblo de la Memoria Histórica, al considerar que alberga las memorias compartidas de quienes defendieron el territorio. Hoy viven alrededor de 200 familias.
Por eso, para Héctor Vergara, el sanatorio y el puente debajo del cual vivió por varios años, es su tierra. Para Jennifer Jaramillo, la casa de adobe que construyó a punta de préstamos, es su tierra. Para Alba Gloria Gómez, el nido de lona y la nueva casa de ladrillo que le ayudaron a levantar sus vecinos, es su tierra.
Esa tierra es parte de la herencia que buscan dejarles a las generaciones futuras del pueblo, dice Néstor Vanegas, un líder campesino que hizo parte de la OCCAA. “Lo que hacemos es precisamente defender el patrimonio, porque esta tierra ya es patrimonio de las familias”.
En un lamento campesino, Froilán Zapata escribe que el “campo está desprotegido, olvidado y marginado” y que el precio de ese abandono es que “está más solo”. Por eso, para él, hacer justicia es tener garantías “para que todos queramos volver a estar en nuestros campos”.
“Cuando se vive en el territorio, se vive con los hermanos, que son todos los seres vivos. En ese espacio territorial hay relaciones sociales y comunitarias, pero también relación con las plantas, los animales, los espíritus del trueno, del agua, de los ríos. Cuando se despoja del territorio, se despoja de los derechos fundamentales y se condena a morir silenciosa y sistemáticamente. Cuando se restituye se armoniza nuevamente la vida espiritual, social, cultural, económica de las familias que vuelven”, dice Giovani Yule, director general de la Unidad de Restitución de Tierras.
La lucha por los títulos de la tierra
Los habitantes de El Pueblo de la Memoria Histórica han investigado, gestionado y cuestionado las formas en que las víctimas del conflicto armado acceden a la titulación de las tierras que levantaron y en las que resistieron.
Sin embargo, la principal respuesta que han encontrado, de acuerdo con Froilán Zapata, es “el desinterés de las entidades”. “Ha sido una lucha muy larga. En algunos momentos la clase política ha abusado dándonos una información que no es. A veces llegan aspirantes a la Alcaldía, Gobernación y Cámara prometiendo cosas que nunca cumplen. Han utilizado el pueblo como un fortín”, cuestiona Zapata.
Entre las acciones colectivas que ha liderado, cuenta, están las cartas y solicitudes enviadas a la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras y el Ministerio de Ambiente; los llamados y las visitas a entes territoriales, así como las reuniones y protestas de los habitantes.
Esos esfuerzos le han costado amenazas. “Uno de esos días lo que me esperó fue un panfleto que decía que tenía que irme porque yo era un obstáculo social. Hay documentos suficientes para demostrar que se ha hecho un trabajo porque a veces los funcionarios dicen que aquí no ha venido nadie. Yo incluso he ido por cuenta propia a Bogotá”, cuenta Zapata.
El terreno donde se encuentra ubicado El Pueblo de la Memoria Histórica hace que sea más difícil que los habitantes logren tener un título de propiedad porque en la ley está prohibida la adjudicación de esas tierras y porque todavía no existe un mecanismo cercano a la gente para que se evalúe la historia particular de Agualinda.
Los habitantes tienen un largo camino por delante. Primero, porque la vereda Agualinda, así como gran parte de El Carmen de Atrato, es zona de reserva forestal afectada por la Ley Segunda de 1959. Esto quiere decir que está priorizada su conversación y aunque estén permitidos los procesos productivos agropecuarios, la tierra no puede ser de nadie a menos que el Ministerio de Agricultura haga una sustracción mediante un acto administrativo.
“La lucha que enfrenta la gente es una lucha compleja con múltiples autoridades administrativas de diferentes entidades públicas, ministerios y agencias ambientales para poder lograr avanzar en el reconocimiento de sus derechos”, advierte Sergio Coronado, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
Una luz en ese camino sería, de acuerdo con Coronado, la Jurisdicción Agraria y Rural que fue aprobada el 13 de junio en plenaria del Senado. El proyecto era una tarea pendiente en la implementación del primer punto del Acuerdo de Paz con las Farc para resolver conflictos de tierras en zonas rurales y proteger a los campesinos y grupos étnicos víctimas del conflicto armado.
“Con esta reforma la gente podría acceder a un mecanismo fácil que integre derecho ambiental, civil y agrario para comprender y otorgar diferentes soluciones a un caso y garantizar el acceso y control de la tierra”, explica Coronado.
Otra alternativa, de acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras, es “el procedimiento administrativo de otorgamiento de derechos de uso, que valga la aclaración, no termina con la adjudicación del predio, sino con la regularización de su ocupación”. Este es un mecanismo para administrar y brindar seguridad jurídica a las familias ante la imposibilidad legal de titulación.
Esta opción, sin embargo, está en trámite de modificación, “razón por la cual no se tiene programado nuevas intervenciones hasta que no se tenga definida la nueva estructura procedimental, con el aval de las carteras de Ambiente y Agricultura”, respondió la Agencia Nacional de Tierras a Consonante.
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Comentario de la autora
Crecí en el Pueblo de la Memoria Histórica, que es realmente inspirador por su historia de resistencia colectiva, resiliencia y memoria. La lucha de las familias por tener títulos de propiedad muestra el coraje que tienen y han tenido siempre para buscar seguridad en sus hogares, asegurar sus derechos y tener una vida digna. Es una lucha marcada por la justicia.
CRÉDITOS
Texto: Vivianey Balvin
Ilustración: Isabella Londoño
Coordinación y edición: Ivonne Arroyo M.
Edición: Carolina Arteta Caballero
