En marzo de 2023, un hombre de 48 años le envió una carta al fiscal general de la Nación Francisco Barbosa desde la cárcel de Jamundí. En el texto, el autor le reclamaba por haberse perdido varios acontecimientos familiares importantes por estar preso. Entre ellos, el nacimiento de su primer hijo, sus primeros llantos y sonrisas. Dijo que no haber podido presenciar el primer brillo de sus ojos fue como haber faltado al Big Bang del universo.
La carta bien habría podido ser escrita por cualquier persona privada de la libertad, pero en este caso venía firmada por Rolando Quintero, un activista de derechos humanos a quien Barbosa señaló en junio del año pasado como el líder de una supuesta estructura criminal: la primera línea de las protestas ocurridas en 2021 en Cali, en el marco del Paro Nacional.
Hace dos años, Rolando, conocido como ‘El Profe Papas’, impulsó las manifestaciones en Puerto Resistencia, el corazón del estallido social en Cali y uno de los puntos más importantes de las movilizaciones ocurridas en ese momento en el país. En esa intersección del Distrito de Aguablanca, cordón umbilical entre el sur y el oriente de la ciudad, se levantó el monumento a la resistencia: un puño de diez metros que es conocido internacionalmente como un símbolo de orgullo, resistencia, solidaridad y militancia.
Rolando Quintero ayudó a construir esa obra, que también tiene un cartel con la palabra “Resiste”. Resiste, resiste, resiste fueron las mismas palabras que repitió como un rezo durante esos días.
Quintero se graduó en Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle y era reconocido en su barrio por las iniciativas sociales que lideraba, como la creación de un comedor comunitario a pocas cuadras de Puerto Resistencia. Su interés por los temas sociales lo llevó a trabajar en la Secretaría de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Cali, donde apoyaba los espacios de diálogo y concertación de los diferentes puntos de resistencia que se consolidaron durante el estallido social.
También fueron capturados, entre el 14 y 15 de junio de 2022, nueve líderes estudiantiles y barriales, todos señalados de cometer actos violentos y vandálicos para “sabotear la jornada de las protestas”, según Barbosa. Así como en Cali, se llevaron a cabo allanamientos y capturas en Bogotá, Medellín, Popayán, Neiva y Bucaramanga.
En varias fotos y videos del Paro Nacional, se ve a Rolando animando las manifestaciones, alzando su voz, cantando y levantando pancartas. Quintero también utilizaba su liderazgo para cuidar de otros. Cuidaba la seguridad perimetral, a quienes marchaban, a quienes se enfrentaban contra el Esmad y a quienes eran arrestados por la policía.
Un año después de que circularan estas grabaciones, ‘El Profe Papas’ fue capturado en su casa. En un anuncio de la Fiscalía, el fiscal Francisco Barbosa lo acusó de ser “el principal articulador” de la primera línea y de haber incurrido presuntamente en delitos como homicidio, secuestro, concierto para delinquir, terrorismo, incendio y tortura contra un funcionario público.
Zulma Ramirez, madre de Quintero, recuerda el día de su captura. Eran las 4 de la mañana del 15 de junio de 2022. Zulma escuchó un estruendo que la despertó. Era el sonido de la puerta de su casa siendo derribada por uniformados de la Policía que habían llegado para llevarse a su hijo. “Rolando estaba durmiendo en el cuarto con los dos niños de 7 y 8 años. Le apuntaron con pistolas a él y a los niños que estaban asustados”, recuerda.
Para ella, se trató de un arresto desproporcionado y de una de las escenas más aterradoras que ha presenciado su familia. “Si aquí entraron 20 policías fue poquito. La calle, toda la cuadra estaba llena, había un helicóptero y camionetas. Mejor dicho, ni que fuera Pablo Escobar”, cuenta.
“Si aquí entraron 20 policías fue poquito. La calle, toda la cuadra estaba llena, había un helicóptero y camionetas. Mejor dicho, ni que fuera Pablo Escobar”.
Zulma Ramírez
En ningún momento del procedimiento Quintero se opuso, dice su madre. Fue esposado y llevado hasta el CAI San Nicolás, para luego ser trasladado a la cárcel de Jamundí. Antes de subirse a la patrulla, miró los ojos de Zulma y le dijo: “Usted sabe que no es por nada indebido, por nada malo, usted sabe que no tengo nada que ocultar”.
En busca de la libertad
El proceso judicial de Quintero se encuentra en etapa de formulación de acusación. De acuerdo con los abogados defensores, Lina Bautista y Miguel Ángel del Río, la Fiscalía lo ha acusado formalmente de tres delitos: secuestro, sedición e invasión de tierras. Los dos últimos fueron desestimados por falta de material probatorio, así como los delitos más graves que habían sido imputados inicialmente.
Varias organizaciones regionales de derechos humanos agrupadas en la campaña Defender la Libertad, como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, denunciaron que estos procedimientos fueron producto del montaje y de la persecución judicial por parte del gobierno del entonces presidente Iván Duque. De ahí que muchas de las capturas del Paro Nacional hayan sido consideradas “arbitrarias”.
“Que un grupo de manifestantes se pare frente a una calle e impida el tráfico no configura el delito de bloqueo de vías. Que las personas se organicen para protestar tampoco es concierto para delinquir, pero muchas personas fueron conducidas a estaciones de policía y a la Fiscalía por esos supuestos delitos”, dice el abogado Alejandro Guevara, miembro del Colectivo de Derechos Humanos 20 de Octubre, que brinda apoyo legal y mediación ante la fuerza pública.
"El discurso de estigmatización no sólo se quedó en discurso, sino que fue llevado y aplicado al sistema judicial. Por eso vemos que a las personas que cometieron algún delito, como la afectación a un inmueble privado o público, el sistema les hizo una sobrecarga muy alarmante, porque se les acusó de terrorismo u hominicido".
Alejandro Rodríguez, coordinador del área de violencia policial de Temblores
Se trató también de una sobreutilización del sistema penal para “encontrar una forma de apaciguar a los líderes de las protestas”, advierte Alejandro Rodríguez, coordinador del área de violencia policial de Temblores, la organización defensora de los derechos humanos en Colombia.
“El discurso de estigmatización no sólo se quedó en discurso, sino que fue llevado y aplicado al sistema judicial. Por eso vemos que a las personas que cometieron algún delito, como la afectación a un inmueble privado o público, el sistema les hizo una sobrecarga muy alarmante, porque se les acusó de terrorismo u hominicido. Eso es sobreutilizar el sistema penal para encontrar una forma de apaciguar a los líderes de las protestas”, considera Rodríguez.
De acuerdo con un informe de la plataforma Grita de la oenegé Temblores, el observatorio de DDHH de Indepaz y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, se registraron 1.649 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes del Paro Nacional.
El objetivo de la defensa en el caso de Rolando Quintero, según Bautista, es tramitar su libertad por la vía de vencimiento de términos, tal como ha ocurrido en varios casos de los presos de la ‘primera línea’ que han sido liberados. Sin embargo, en el escenario de que Quintero sea juzgado y se le prueben los delitos, enfrentaría una pena de hasta 10 años tras las rejas.
La resistencia
Durante su primer discurso como presidente, el 19 de junio de 2022, Gustavo Petro hizo un llamado al fiscal general Francisco Barbosa para que liberara a los jóvenes detenidos por hacer parte de la ‘primera línea’ de las marchas.
“Cuánta gente que está presa en estos momentos, cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros, simplemente porque tenían esperanza y amor. Yo le solicito al fiscal general de la nación que libere a nuestra juventud, liberen a los jóvenes”, dijo el mandatario.
Sin embargo, han pasado ya un año y tres meses y Quintero sigue preso. Primero estuvo recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí, donde enfrentó condiciones precarias por el hacinamiento, la deficiencia de los servicios sanitarios y la falta de personal médico, razón por la cual varios de los miembros de Puerto Resistencia hicieron una huelga de hambre por un mes. Ahora se encuentra en la cárcel de Palmira, en la que también han hecho huelga de hambre para exigir ser considerados presos políticos.
Consonante conversó a través de una videollamada con Rolando Quintero, quien asegura mantenerse firme en su búsqueda de libertad desde la cárcel y en su decisión de no aceptar una culpa que no le corresponde, pues eso sería transgredir su propia concepción de justicia y verdad.
“Mi dignidad no se va a quedar presa de por vida y para eso tengo que dar la pelea judicial, así implique estar preso en mi cuerpo durante unos años más (...) Ese es el sistema penal acusatorio: una mierda que no tiene nada que ver con la pretensión de justicia en una sociedad al menos como ideal”, dijo.
En la carta que le escribió al fiscal Barbosa en marzo de este año, Quintero se refiere a la justicia del sistema judicial, a la justicia del fiscal, que considera vengativa. Una venganza que, dice, “no me toca”, pues su lucha es “por lo que es justo: justicia social”.
“Mi nombre es Rolando Quintero Ramírez. Ni «alias» (apodo, sobrenombre sí, nunca «alias»), ni cabecilla, ni estructura criminal. Ni ninguna de sus carajadas de jerga criminalística de pasarela prepago noticiosa. Un ciudadano más, nada más. Uno de tantos inconforme, mamao de la injusticia social, condena de nuestra nación”.
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Comentario de la autora
Me gradué de la universidad junto a Rolando, compartí con él y me genera impotencia ver cómo aquellos que luchan por la justicia social son estigmatizados y la protesta social es criminalizada en el país. Esta realidad me llevó a investigar y trabajar en este reportaje, pues es una vía para denunciar la injusticia que golpea a tantos líderes sociales.
CRÉDITOS
Texto: Ghina Castrillón Torres
Ilustración: Isabella Londoño
Coordinación y edición: Ivonne Arroyo M.
Edición: Carolina Arteta Caballero
