Ilustración: Isabella Londoño
En la mañana del 21 de enero de 2002, Rosalba Meléndez sintió una punzada en el pecho, como si alguien le hubiera enterrado un cuchillo en medio de las costillas. Ese día, su hijo Jairo se había unido como voluntario a la Defensa Civil para buscar el cuerpo de una mujer asesinada por paramilitares en Calamar, en el norte de Bolívar. Rosalba preparó el almuerzo angustiada, fue a la tienda angustiada, tomó café angustiada y caminó rápido de regreso a su casa. “Yo dije: algo está pasando. Una madre sabe cuando a sus hijos les va a pasar algo”, recuerda.
“Me había llevado el almuerzo y tiré esa olla y me caí en la calle, porque una vecina me contó que a Jairo se lo habían llevado los paracos. Ahí empezó mi calvario, mi tristeza y mi búsqueda. No me dio un infarto porque Dios no quiso”, cuenta Rosalba.
Ese día, junto a Jairo Robles Meléndez, de 27 años, otros cinco jóvenes que participaron en la misión humanitaria desaparecieron: Carlos Alberto Bermejo Hernández, Luis Alberto Sánchez Sierra, Julio Contreras Geobaldy, Deivis Martínez Sierra y Ricardo Arias. Habían salido desde San Juan Nepomuceno hacia Calamar, a 45 minutos en camioneta, para dar con los restos de Luz Dary García Martínez, una madre que había sido raptada y asesinada el día anterior en una vía terciaria del corregimiento Barranca Vieja.
La noticia de su desaparición se publicó en El Universal de Cartagena al día siguiente. En el texto, Agusto Bejarano, director de la Defensa Civil de ese entonces, hacía un llamado a los grupos guerrilleros y a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para que dieran información sobre el paradero de los buscadores. “Les pedimos que si alguno de ellos los tienen, nos envíen pruebas de supervivencia”, le dijo Bejarano al periódico.
Un crimen que contiene muchos crímenes
La desaparición forzada ha sido una práctica sistemática y masiva en todo el país. Existen alrededor de 121.768 personas que fueron desaparecidas forzosamente en Colombia entre 1985 y 2016, de acuerdo con la Comisión de la Verdad, que recoge la integración final de datos realizada por el proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG. Según esta entidad, justamente en el 2002 se registró el mayor pico de esta práctica violenta.
Se trata de “un crimen que contiene muchos crímenes: la detención, la tortura y en la mayoría de los casos, el asesinato y la destrucción de evidencia”, se lee en el Informe Final. Es también un delito permanente que, en palabras de Pablo Cala, defensor de derechos humanos y fundador de la Fundación Hasta Encontrarlos, condena a las familias a un ciclo de sufrimiento, incertidumbre y a una “continua búsqueda sin respuesta”.
“La ausencia del desaparecido y la necesidad de buscarlo convierten a las familias en el motor de la búsqueda, desplazando sus proyectos de vida y sueños para dedicarse a buscar”, explica Cala.
En el caso de la familia Robles Meléndez, la búsqueda no solo implicó dejar sus propias vidas para buscar la de su ser querido, sino también para limpiar su nombre, porque en la región circularon rumores sobre los buscadores desaparecidos, a quienes señalaron de pertenecer a la guerrilla. En el pueblo se decía que por eso habían sido “ajusticiados”.
“Esos pelaos no eran guerrilleros, se fueron a hacer un favor por andar enamorados de la bendita Defensa Civil. Cada vez que recuerdo eso me quiero morir de la tristeza”, cuenta Rosalba.
El fin de la búsqueda
Ese 21 de enero, Rosalba esperó y esperó. Un llamado, una noticia, incluso un rumor sobre el paradero de su hijo. Con el paso de los días, la familia de Jairo, su padre Augusto Robles y sus cuatro hermanos emprendieron su propio camino de búsqueda en medio del duelo infinito y la ausencia del Estado.
“Si una persona me decía ‘tu hijo está vivo, está en tal parte’, yo hacía una rifa y cuando tenía más o menos pal’ pasaje me iba pa’ Flor del Monte, para San Pablo, para María La Baja, para donde me decían yo iba. Si iban a hacer una audiencia en Barranquilla, yo iba”, cuenta Rosalba.
La familia Robles Meléndez recurrió a la Fiscalía del Carmen de Bolívar, la Fiscalía de Cartagena, la Personería y la Sijín. Entre todos empapelaron los postes de energía eléctrica de San Juan Nepomuceno con el rostro de Jairo y el anuncio de su búsqueda y entregaron volantes a las personas en la calle. La respuesta: desaparecido.
La ruta que siguieron los hermanos de Jairo, Aldrin, Rosalba, Narlis y Sandra incluyó distintos municipios. Lo buscaron en Cartagena, Barranquilla, Suan, Barranca Nueva, Barranca Vieja, Mahates y San José de Ralito. Narlys incluso negoció directamente con cabecillas paramilitares en un campamento en Calamar y pagó 15 millones de pesos que reunió y pidió prestado a familiares para pagar un supuesto rescate de su hermano, pero nada. Todo fue un engaño.
“Fue una estafa prolongada marcada por la urgencia de encontrar, recobrar y reunirnos así sea metafóricamente con mi hermano. Con el tiempo hemos ido tratando de tomar conciencia de la pérdida y asimilar que más nunca contaremos con él”, dice su hermana Rosalba.
En 2008, seis años después de la desaparición, Sergio Manuel Ávila Córdoba, excomandante del antiguo Bloque Héroes de los Montes de María de las AUC conocido con el alias de “Caracortada” o “El Gordo”, admitió en una versión libre ante un fiscal de Justicia y Paz de Barranquilla el asesinato y la desaparición de las seis personas que conformaron el equipo de búsqueda que integró Jairo. Según Córdoba, hubo una confusión y asesinaron y tiraron al río a los jóvenes bajo la creencia de que tenían vínculos con grupos subversivos.
Nueve años más tarde el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez entregó nueva información sobre lo sucedido durante una audiencia en Barranquilla.
“Mancuso nos aclaró, nos dijo que quien estaba a cargo era un muchacho al que le decían “El Gallo”. A él se le ordenó que no le hiciera daño a esos muchachos hasta que verificaran si realmente eran miembros de la Defensa Civil, pero cuando regresaron él se los había llevado, no sé para qué lado, y los había torturado y descuartizado. Y no dijo dónde los enterró o tiró”, recuerda Aldrin Robles, hermano de Jairo.
La memoria dignifica
Limpiar el nombre de las personas que fueron desaparecidas forzadamente es “una condición para recomponer el universo simbólico de las familias”, considera la abogada y socióloga Laura Rivera, docente e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Giessen.
“Cuando se atenta contra la dignidad de la persona al calificarla como lo que no era se producen daños de tipo inmaterial en el tejido social de la víctima. Por eso las familias no solo piden que aparezca el cuerpo del ser querido, sino que también aparezca la verdad inmaterial y la dignificación que trae la memoria y que ayuda a recomponer ese universo simbólico para que las madres puedan decir ‘bueno, mi hijo no está, pero no era lo que dijeron que era’, explica Rivera.
"Cuando se atenta contra la dignidad de la persona al calificarla como lo que no era se producen daños de tipo inmaterial en el tejido social de la víctima. Por eso las familias no solo piden que aparezca el cuerpo del ser querido, sino que también aparezca la verdad inmaterial y la dignificación que trae la memoria".
Laura Rivera, investigadora de la Universidad de Giessen
Hoy, 21 años después, la familia Robles Meléndez sueña con Jairo, recuerda a Jairo y pide justicia para él. Para ellos, Jairo era el que ayudaba a su padre en el campo, el que atendía el ganado, el que brindaba comida a quienes necesitaba, el que se ofrecía para ayudar y buscar a otros.
“Te quiero responder quién fue Jairo: un pedacito de mi vida que se fue, un muchacho noble y bueno que perteneció a una entidad sin ánimo de lucro como lo es la Defensa Civil. Un muchacho con muchos sueños”, recuerda Sandra Robles, su hermana.
“La verdad es que era una persona trabajadora y colaboradora que siempre estaba muy atenta a las actividades que hacíamos”, cuenta Reynaldo Castellar, quien fue director de la Defensa Civil de San Juan Nepomuceno en 2002.
Para Rosalba Robles, hermana de Jairo, una verdadera justicia sería que exista “un reconocimiento público de las características, los valores y los principios que marcaron la vida de mi hermano”.
Ese también es el deseo de Rosalba, su madre, cuya lucha es reivindicar la identidad, dignificar la memoria de su hijo y luchar contra la negación de su propia vida: “Quiero que se limpie el nombre de Jairo, que salga en primera plana que esos muchachos no fueron guerrilleros”.
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Comentario del autor
Las desapariciones forzadas que los mismos actores armados han admitido en San Juan Nepomuceno hacen parte de un patrón bélico que ha costado la vida de tantos en el país y que destruye el tejido social de familias enteras. En mi municipio he visto cómo muchas veces la comunidad, anestesiada y enferma, justifica los crímenes bajo la idea de que “seguro algo malo hicieron” o “por algo lo desaparecieron”. Por eso quise contar esta historia, por la necesidad de eliminar estos estigmas sociales y aportar a saldar la deuda que tenemos con la memoria de las víctimas y su derecho a un buen nombre.
CRÉDITOS
Texto: Jorge Rojas Vásquez
Ilustración: Isabella Londoño
Coordinación y edición: Ivonne Arroyo M.
Edición: Carolina Arteta Caballero
